CASTELLÓN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de CastellóN considera que las diligencias iniciadas por el juez Baltasán Garzón para establecer un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, suponen "una medida preliminar, pero muy importante y necesaria, para esclarecer el paradero de miles de fusilados y desaparecidos, víctimas de la sublevación militar durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco".
Según indicó en un comunicado, esta medida "supone un primer paso para la creación de una comisión de la verdad que estudie seriamente las desapariciones de los perdedores de la Guerra Civil" y que "permitirá acreditar su existencia, en muchos casos su desaparición y, de esta manera, conocer, reconocer y dignificar el nombre de muchas personas que defendieron los principios de libertad y democracia de la II República; nombres muchos de los cuales hasta ahora permanecen silenciados, como si no hubiesen existido, cumpliéndose de esta forma la finalidad programada por los inductores de esta terrible represión".
En este sentido, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castellón, con una trayectoria de cerca de cinco años trabajando por la recuperación de la memoria de la represión franquista en las comarcas castellonense, mostró su disposición a "colaborar con la Justicia y las Administraciones en la realización de catálogos de fosas y restos humanos de víctimas de la represión franquista -tal como indica el artículo 12 de la Ley de la Memoria Histórica y tal como se está realizando en algunas comunidades autónomas".
Asimismo, mostró su intención "de poner a disposición de la Administración de Justicia los listados de víctimas de la represión franquista en las comarcas de Castellón --fusilados, ejecutados, asesinados por la Guardia Civil en aplicación de la 'ley de fugas' y fallecidos en centros penitenciarios y de detención--, un trabajo de investigación realizado por miembros del grupo prácticamente desde su creación mediante la investigación en diferentes archivos estatales y provinciales, y la valiosa aportación de numerosos testimonios orales".
El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló expresó su confianza "en una Justicia que responda a las demandas y alivie el sufrimiento de miles y miles de personas que siguen reclamando el paradero de sus familiares; que permita la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936; y que recupere la memoria sacando del anonimato y del silencio a personas que soñaron y lucharon por una sociedad mejor y más justa".
Se trata, añadió, de "unas personas y unos ideales vigentes, válidos y necesarios en una sociedad democrática, que no lo será plenamente hasta que no salde esta deuda ética y moral más de 70 años después".
