La Mesa del Diálogo Social fija en recuperación económica y supresión de desigualdades las bases del presupuesto de 2017

Mesa del Diálogo Social
GENERALITAT
Actualizado: lunes, 25 julio 2016 19:03

VALENCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Diálogo Social --formada por Consell, patronal y sindicatos-- ha acordado este lunes un decálogo de medidas que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat para 2017.

Las diez medidas se basan en la supresión de desigualdades garantizando un sistema público de derechos sociales y en la recuperación económica mediante la transformación del modelo productivo y la mejora de la percepción de la economía valenciana. Asimismo, exigen al Gobierno la reforma "inmediata" del modelo de financiación.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido este lunes la Mesa de Diálogo Social en la que también han participado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Ismael Sáez y Paco Molina, respectivamente, y el presidente de la patronal Cierval, José Vicente González, entre otros.

El jefe del Consell ha resaltado que "se han necesitamos muchas manos, voces y palabras" para llegar "a un primero puerto" como es este documento que servirá para "construir un nuevo espacio para el futuro".

Ximo Puig ha agradecido la voluntad de "cooperación" y "cohesión social" a sindicatos, empresarios y Consell porque "estamos todos unidos en una vocación de conseguir la supresión de las desigualdades". Asimismo, ha destacado que "crecimiento y redistribución tienen que ir de la mano" y, en esta línea, considera que hay que "suturar las heridas de la crisis".

"Hemos aprendido de lo que ha sido el fracaso del capitalismo especulativo y queremos un crecimiento económico basado en el esfuerzo, el trabajo y la capacidad para hacer una economía sana", ha manifestado el 'president'.

Del mismo modo, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha valorado que "se hayan equiparado los temas económicos y los sociales, porque los dos tienen una gran repercusión económica y porque una sociedad avanzada lo es más en la medida en que se cuida y protege los derechos de su ciudadanía".

Desde CCOO PV, Paco Molina ha expresado su "satisfacción" por el propio contenido de los acuerdos, pero también "porque todas las partes hemos asumido el reto de un compromiso permanente y flexible en el diálogo social". Así, ha subrayado que continuarán en esta "senda de trabajo".

Asimismo, Ismael Sáez, de UGT PV, ha hecho una "valoración positiva" de los acuerdos y ha asegurado que los agentes sociales seguirá colaborando "lealmente" con el Gobierno valenciano.

Por su parte, el presidente de Cierval, José Vicente González, ha hecho hincapié en las medidas económicas aprobadas, porque "sin crecimiento e incremento de la productividad todas las medidas sociales resultan mucho más difíciles".

DECÁLOGO

El decálogo contempla medidas como garantizar el derecho a la vivienda, a la luz, al agua y al gas, evitando el desahucio de personas sin alternativa de vivienda; revertir los recortes en servicios públicos y priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia; e implantar cláusulas sociales en la contratación pública.

Del mismo modo, la Mesa del Diálogo Social ha acordado promover la negociación colectiva y la lucha contra la economía sumergida y contra l fraude; fomentar el trabajo autónomo y autoempleo; impulsar programas de empleo y formación para colectivos con dificultades de acceso al mundo laboral.

Asimismo, se comprometen a consolidar el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como banca pública valenciana; impulsar la Ley Valenciana de la Innovación y la Agencia Valenciana de la Innovación; fomentar las infraestructuras necesarias para impulsar el desarrollo territorial y la cohesión mediante la mejora de la conectividad y la logística.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

El último punto busca reclamar al Gobierno la reforma "inmediata" del sistema de financiación autonómica, el reconocimiento y mecanismos para la compensación de los déficit de financiación acumulados --que ascienden a 12.500 millones entre 2002 y 2013-- y exigir al Estado que invierta en la Comunitat en relación con el peso de su población en el conjunto del territorio de España.