VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha impulsado un protocolo de actuación "rápida y respetuosa" con las víctimas de las agresiones sexuales que facilite la labor policial y judicial para que no desaparezcan las pruebas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
En la elaboración del 'Protocolo de Atención Sanitaria a las Víctimas de Agresiones Sexuales' han participado profesionales sanitarios, forenses, fiscalía, decanato judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el centro Mujer 24 horas y la Subdelegación del Gobierno.
El objetivo de este protocolo es proporcionar un conjunto de recomendaciones protocolizadas para que, de la manera más homogénea posible, se actúe con rapidez, eficacia y coordinación. De este modo, se pretende reducir "el impacto negativo o crear un perjuicio adicional a los daños derivados del momento de la comisión del delito, la victimización secundaria", según las mismas fuentes.
Al respecto, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha explicado que "el reto" es ofrecer una asistencia "rápida, eficaz y coordinada" que "minimice el impacto de la agresión sobre la víctima" y al mismo tiempo "facilite la labor judicial y policial en la persecución de este tipo de delitos" ya que los servicios sanitarios suelen ser los primeros a los que acuden las víctimas de violencia de género o las que sufren una agresión sexual.
Barceló ha apuntado que el personal sanitario suele ser el colectivo en quienes "más confían" las mujeres a la hora de revelar su situación. Por ello "es importante favorecer una atención sanitaria "eficaz y respetuosa", que vele por "el respeto" a la intimidad y tome en consideración las circunstancias que rodean a la víctima, para prestarle "un apoyo específico necesario que facilite la labor judicial y policial, con el objeto de recabar la mayor cantidad de pruebas posibles antes de que estas se deterioren o desaparezcan".
LA COORDINACIÓN, LA CLAVE
En ese sentido, ha subrayado la importancia de la coordinación, ya que la medicina forense, junto con la judicatura, la fiscalía, los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios especializados en violencia de género forman parte de la atención y la ayuda que deben brindar las instituciones públicas a las víctimas.
Los delitos contra la libertad sexual representan un porcentaje importante de las infracciones penales que se cometen y ocasionan graves secuelas psíquico-emocionales a las víctimas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2017, de todos los delitos instruidos en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 0,6% son contra la libertad sexual. En cifras, rondan los 830 casos de agresión sexual con penetración y son más de 6.000 los casos por otras agresiones contra la libertad sexual.
En esta reunión del grupo de trabajo celebrada se ha hecho especial mención a las mujeres con discapacidad física o mental, ya que corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, así como las embarazadas, que también pueden ser objeto de agresiones que repercutan además en la salud y viabilidad del feto.
