MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas han aprobado este martes una veintena de resoluciones en relación con el control de las prestaciones por incapacidad temporal, entre las que destaca la petición al Ministerio de Empleo de que cree una base de datos de partes médicos a la que tengan acceso todas las entidades de la Seguridad Social.
Ésta es una de las consecuencias del 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social' del Tribunal de Cuentas, que reveló que casi dos millones de incapacidades temporales (IT) ocurridas entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 se concedieron sin control del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por un importe total de, al menos, 1.185 millones de euros.
En estas circunstancias, el PP, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU reclamaron la creación de esta base de datos de partes médicos "consolidada y conjunta" con toda la información de las entidades del Sistema de Seguridad Social con la que se mejore el control de los procesos de incapacidad temporal y se eviten errores y deficiencias.
Además, a propuesta del PSOE, el Parlamento solicita al Ministerio que "mejore la coordinación y comunicación" entre las diferentes entidades, y se propone que los Servicios Públicos de Salud y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tomen medidas para que los partes de baja incluyan un apartado donde los médicos de Atención Primaria puedan anotar la fecha de baja para, si se produce una recaída, poder determinar si es un proceso nuevo o una evolución del anterior. Esta premisa tendría que incorporarse además a los convenios firmados con las comunidades autónomas.
PAGOS DELEGADOS Y DEDUCCIONES
Con respecto a los pagos delegados, y para evitar "compensaciones improcedentes" a las empresas, se recomienda a la Tesorería de la Seguridad Social que impida la consignación de compensaciones si no hay procesos de baja asociados, rechazarlas en IT de menos de quince días o sin periodo de carencia, e impedir las deducciones una vez finalizada la baja que las ampara.
Asimismo, se exige a la Tesorería General de la Seguridad Social que informe mensualmente sobre todas las deducciones practicadas por las empresas para poder detectar "prácticas indebidas", y a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que ingrese los excedentes de la colaboración voluntaria de empresas en una cuenta corriente a disposición de la Tesorería cada año.
Por otra parte, las Cortes quieren que el Ministerio de Empleo reclame, una vez verificado, cualquier ingreso, prestación o deducción indebida derivadas de IT; y también exigen al INSS "mejoras" en la gestión del pago delegado y a la Tesorería controles informáticos sobre las deducciones de incapacidad temporal en la recepción de los documentos de cotización y que mensualmente informe de todas las practicadas por sus empresas aseguradas en los documentos de cotización para poder detectar prácticas indebidas.
También se piden cambios en los mecanismos informáticos de control de las deducciones por pago delegado y actualizar la norma interna que regula el control del pago delegado y hacer un seguimiento de los resultados de las comunicaciones a las direcciones provinciales tras el cruce informático de datos.
MUTUAS
Con respecto a las mutuas, la Comisión Mixta ha reclamado que puedan compartir toda la información existente sobre IT y que puedan incluso preguntar al Ministerio sus dudas sobre este tema, como ya pueden hacer sobre las pensiones, a fin de que la Seguridad Social realice funciones de "dirección y tutela de todas las mutuas de forma directa".
También se solicita a Empleo que establezca un procedimiento de comunicación con el INSS y que impulse medidas para que las mutuas puedan dispensar asistencia sanitaria asociada a las IT derivadas de contingencias comunes. No obstante, añade que las actuaciones sanitarias que desarrollen a resultas de contingencias comunes deberían tener la autorización del Servicio Público de Salud para que se "correspondan con los diagnósticos y tratamientos establecidos por el facultativo responsable" y contar con el consentimiento del beneficiario.
Esto, y la homogeneización de los acuerdos que adopten las entidades colaboradoras en los procesos que gestionan --que deben incluir una motivación suficiente y el resto de garantías jurídicas-- debería mejorar los niveles de seguridad jurídica de los trabajadores en baja temporal, a juicio de las Cortes.
En cualquier caso, también se recuerda al Ministerio de Empleo que la mejora de la eficacia y el control sobre las mutuas no debe suponer "una delegación en las mutuas de las funciones que desempeñan los servicios públicos", particularmente los de salud.
Finalmente, se recomienda que los reconocimientos médicos que tienen que realizarse los trabajadores del Régimen del Mar se efectúen a través de una aplicación informática del INSS.
