MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los representantes legales de un grupo de 3.653 afectados por Fórum Filatélico han solicitado al juez Baltasar Garzón que impute a los siete miembros del consejo de administración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aprobaron la Memoria Anual de 1999 donde aparecían las filatélicas como 'entidades financieras no registradas' tras tramitar una reclamación favorable denunciante.
Los afectados fundamentan su petición al "existir indicios racionales de criminalidad, al haber facilitado o permitido con su conducta omisiva la continuidad en la actuación al margen de la legalidad de la entidad Fórum Filatélico", según el escrito del despacho barcelonés Aequo Advocats, remitido al Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.
Los letrados piden la imputación y declaración ante el juez del entonces presidente del organismo supervisor, Juan Fernández Armesto, y de su sucesora en el cargo y consejera en 1999, Pilar Valiente.
Asimismo, solicitan las imputaciones del entonces vicepresidente, Luis Ramallo García, y de los consejeros José Manuel Barberán López, Gloria Hernández García - entonces directora general del Tesoro y Política Financiera-, Miguel Martín Fernández -entonces subgobernador del Banco de España- y José María Roldán Alegre.
"La CNMV no sancionó a Fórum, no instó su cese, no advirtió al público y permitió con esta desidia que por lo menos desde el año 1999 hasta la fecha de la intervención judicial se siguiera captando ahorro público creando más víctimas de este fraude", concluye el escrito de Adquo Advocats.
La acusación particular sostiene que las filatélicas estaban bajo la competencia de la CNMV y sometidas al artículo 26 bis de la Ley del Mercado de Valores, que otorgaba al organismo la potestad para "regular o someter a supervisión a todas las entidades que de una forma otra practicaran captación de ahorro del público".
Esta petición de imputaciones se deriva de la declaración como testigo de Fernández-Armesto ante Garzón el pasado 13 de marzo. Los abogados afirman que el testigo "mintió deliberadamente" al defender que desconocía el carácter financiero de la actividad y negando que el control de las empresas recayera en la CNMV, según el escrito.
Por otro lado, el Ministerio de Economía concluyó en 2002 que la CNMV era "el organismo competente para realizar las investigaciones que considere oportunas y, en su caso, proceder a la apertura del procedimiento sancionador que corresponda", en un dictamen jurídico emitido el 14 de febrero de dicho año al que tuvo acceso Europa Press.
