El Gobierno de la Rioja denuncia ante la Comisión Europea la marca 'Viñedos de España'

   El Gobierno de La Rioja ha denunciado ante la Comisión Europea la marca 'Viñedos de España' y le ha pedido que salvaguarde los intereses del vino de Rioja, según informó hoy el jefe del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz.

   Según el Ejecutivo riojano, la marca supone "una flagrante trampa a la normativa comunitaria, que pretende reconocer como una IG algo que ni por asomo se parece a lo que define la reglamentación comunitaria como tal y que, probablemente, acarreará importantes perjuicios para las denominaciones de origen tradicionales españolas".

   En comparecencia de prensa en la que analizó diversas cuestiones de actualidad política, Sanz insistió que 'Viñedos de España' "provoca un daño muy importante a las denominaciones de calidad, como es Rioja', además de "crear confusión al consumidor".

   Asimismo, anunció que el consejero regional de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo Nagore, ha enviado una carta al director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Jean-Luc Demarty, en la que, en nombre del Gobierno de La Rioja, denuncia la aprobación de la indicación geográfica 'Viñedos de España' por el Gobierno de España.

   En dicha misiva, el Gobierno riojano solicita a la Comisión "que adopte las medidas que considere pertinentes para salvaguardar los intereses de los vinos con denominación de origen, que llevan muchos años trabajando para lograr un producto cuya calidad está reconocida a nivel internacional, así como los derechos de los consumidores que asisten desconcertados a los vaivenes de la política de calidad del Gobierno de España en el sector del vino".

   Nagore recordó a la CE en su carta, fechada el 8 de octubre, la importancia del vino para La Rioja, que supone el 20% de la facturación del sector industrial riojano y ha contribuido a que ésta sea "conocida en los cinco continentes".

   El consejero de Agricultura riojano criticó que la nueva orden ha sido aprobada "sin el debido consenso con las comunidades autónomas" y destaca que constituye "un intento de evitar la nueva reglamentación comunitaria derivada de la OCM del Vino, con el agravante de que ahora la normativa europea es más clara y diáfana en lo que se refiere a las indicaciones geográficas y en ese marco no cabe una indicación como la que plantea".