MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Políticas de Discapacidad del Senado ha aprobado el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, a un mes de que ésta entre en vigor --30 de junio--, para limitar la obligatoriedad existente en el Registro Civil de exigir a personas con discapacidad visual y auditiva un informe médico para casarse. Con el cambio, este documento sólo sería requerido en casos excepcionales.
Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, a excepción del PNV y ERC, que se han abstenido. El texto de la ponencia, al que se han incorporado cinco enmiendas, se debatirá en el Pleno del Senado y volverá de nuevo Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, que deberá ser antes de que finalice el mes junio, fecha en la que entra en vigor la ley aprobada en 2015.
De esta forma, la Cámara alta ha dado respuesta este martes a las reclamaciones del colectivo de personas con discapacidad que denunció, tras la reforma del Código Civil del PP, la existencia de un artículo discriminatorio.
"Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento", reza el texto.
Todos los grupos han valorado que se estén dando los pasos necesarios para enmendar a la mayor brevedad posible una normativa que "ataca de forma flagrante" la Convención de la ONU sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace una década y han afeado al PP "esta chapuza".
"Corregimos una discriminación histórica, que viene heredada del Código Civil del siglo XIX, pero que no habíamos abordado ninguno. Ni el Grupo Popular ni ningún otro", ha defendido la senadora del PP Sofía Acedo, para añadir que esta reforma legislativa busca "favorecer el matrimonio de personas con discapacidad para que estén en igualdad de condiciones que el resto".
La Comisión de Políticas de Discapacidad del Senado ha apoyado el texto aprobado por unanimidad en el Congreso, que establecía que "en casos excepcionales" se recabará dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar el consentimiento y limita esas excepciones a situaciones en los que "alguno de los contrayentes presente una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo".
Sobre este extremo se ha discutido en la Cámara alta después de que ERC defendiera, a través de una enmienda, que una discapacidad mental, intelectual, psíquica o sensorial "no afecta a la actitud de una persona para comprender el significado del matrimonio y aceptar su consentimiento al mismo", a lo que el senador socialista Nemesio de Lara ha contestado que esto es "muy matizable".
De Lara ha explicado que hay enfermos mentales y personas con una discapacidad profunda que tienen capacidad para expresar verbalmente "todos los días" su deseo de casarse, pero que éste puede que no sea "un pensamiento sostenido en el tiempo".
