Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 28/09/2009 17:41
Más de 500 organizaciones se suman a las críticas de Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) y la Red Acoge respecto a la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) y comparten las objeciones a un proyecto que, según denuncian, "pone en riesgo el futuro de inclusión, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia".
Según informó hoy Cáritas, sus objeciones a la reforma se detallan en un amplio argumentario que, bajo el título 'Con esta LOEX perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes', se presentó el 16 de septiembre en Madrid, la víspera del debate en el Congreso de los Diputados del proyecto de reforma.
En ese documento, además de recordar las recomendaciones aportadas por estas tres instituciones a los poderes públicos en el proceso de puesta a punto de esta reforma, identifica "serias objeciones" al proyecto. Asimismo, alerta sobre "los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración".
Así, hasta el momento, han confirmado sus adhesiones entidades como la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE), de la que forman parte 52 organizaciones; la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que integra a más de 400 entidades de toda España; el Servicio Jesuita a Migrantes-España; la Unión Sindical Obrera (USO); la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) o Save the Children.
EL INMIGRANTE "COMO MERCANCÍA"
Para todas ellas, el proyecto "supone un retroceso legal en toda regla" por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.
Por último, abogan por una reforma "entendida como una oportunidad para construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración".