Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 19/11/2010 08:12
El comité de la Asamblea General de la ONU dedicado a los Derechos Humanos, conocido como Tercer Comité, ha acusado a Irán de cometer graves violaciones. El delegado iraní, Mohamad Javad Larijani, rechaza las críticas al considerar que la resolución aprobada el jueves por el organismo está orquestada por Estados Unidos y sus aliados.
La resolución ha sido auspiciada por Estados Unidos, la UE, Canadá y otras potencias occidentales. Hasta 80 países votaron a favor, 44 lo hicieron en contra y 57 se abstuvieron. Los votos al 'sí' superaron en seis a los del año pasado para una resolución similar.
El documento recoge la "profunda preocupación por las continuas y graves violaciones de Derechos Humanos en la República Islámica de Irán". Entre los abusos se citan la tortura, flagelaciones, amputaciones, lapidaciones y otras acciones discriminatorias contra las mujeres.
Asimismo, el comité lamenta que el Gobierno no emprendiera una investigación rigurosa sobre las polémicas elecciones de 2009, en las que el presidente Mahmud Ahmadineyad salió reelegido. Igualmente insta a acabar con la discriminación y la intolerancia religiosa y pide mejorar el trato a los creyentes de la fe bahaísta.
En la misma jornada el Tercer Comité aprobó resoluciones similares contra Birmania y Corea del Norte. La Asamblea General suscribirá las tres formalmente el próximo mes.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, ya ha alabado estos tres documentos, que se han convertido en una costumbre anual en el seno de la ONU.
En cambio, Larijani, secretario general del organismo iraní de Derechos Humanos, recordó que "el mayor provocador", Estados Unidos, está detrás de estas críticas, que en el caso de Irán irían destinadas a intentar aislarle. "No tiene nada que ver con los Derechos Humanos", añadió, al tiempo que denunció el pobre historial de Canadá en el trato hacia las minorías de su territorio.
El activista Philippe Bolopion, de Human Rights Watch, cree que el documento tiene que ser una "llamada de atención" hacia el trato vejatorio que reciben, entre otros, los periodistas encarcelados, los defensores de los Derechos Humanos y los disidentes políticos.