MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El responsable del seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU en España desde UNICEF, Gabriel González Bueno, recuerda que España "tiene el deber de dar a conocer a sus ciudadanos" que en abril entrará en vigor el Tercer Protocolo Facultativo de la misma, que permitirá que los niños puedan presentar denuncias ante Naciones Unidas por vulneraciones de sus derechos.
En declaraciones a Europa Press, González Bueno ha explicado que la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que cumple 25 años en 2014, alcanzará no obstante "la mayoría de edad" con la activación de este protocolo el próximo mes de abril, porque por primera vez en la Historia un particular podrá llevar a su país ante la ONU por una violación de los derechos de la infancia.
González Bueno destaca que a diferencia de otros comités de Naciones Unidas, el de los Derechos del Niño carecía de un sistema de presentación de quejas de particulares, y sólo recibía información sobre la situación de los menores en los países miembros cada cuatro años, cuando realiza la evaluación del cumplimiento de lo acordado.
"Además, muchos de los tratados no tienen específicamente en cuenta que fueran menores de edad los que pudieran presentar directamente las denuncias. El Comité se ha propuesto con este protocolo hacer un esfuerzo sobre cómo se consulta a los niños y cómo se reciben las denuncias de manera que el niño no se sienta demasiado cohibido en este proceso", ha explicado.
En este sentido, explica que los niños podrán presentar sus denuncias a título individual, en grupo o mediante un representante legal y deberán remitirlas directamente al Comité o al Secretario General de Naciones Unidas explicando en la comunicación que se trata de un asunto relativo a vulneraciones de la Convención de Naciones Unidas sobre la Infancia.
El Comité no sólo recibirá las denuncias de los niños. Cualquier ciudadano o entidad puede denunciar una vulneración en su país de los derechos de la infancia, lo cual es "un cambio fundamental". No obstante, hay ciertas condiciones, como que se hayan agotado todas las vías judiciales existentes en el Estado al que se refiere la queja o que la respuesta de sus tribunales no haya sido satisfactoria, no vaya a ser posible o se demore demasiado.
El representante de UNICEF recuerda además, que el Comité, integrado por 18 personas que no cobran por su labor, "no es un tribunal" ni tiene capacidad para obligar a los Estados. Su papel será estudiar el caso y emitir recomendaciones que el país afectado, como miembro de la Convención y firmante del Tercer Protocolo Facultativo tendrá el deber de asumir en un plazo determinado.
"Habrá dos tipos de soluciones, la primera que es por acuerdo entre las partes. Si no es posible, se emitirá un dictamen en el que se formulan recomendaciones que pueden ir desde los recursos que se deben otorgar a la presunta víctima, las condiciones de su reparación o la indemnización financiera hasta el enjuiciamiento de los culpables o la adopción de medidas legislativas para impedir que el caso se repita", ha señalado.
Aunque González Bueno reconoce que "al final, no es como una sentencia de un tribunal", incide en que el Comité se compromete a dar seguimiento a los casos y en caso de que no se solucione el asunto, "lo que hace es avergonzar en público al país que ha tenido esa situación" mediante sus informes. "Siempre tiene bastante impacto porque a ningún país le gusta que se diga que está cometiendo vulneraciones sobre derechos, especialmente sobre los derechos de los niños", ha apostillado.
El Protocolo Facultativo en cuestión, aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas reunida el 27 de enero de 2012, ha sido ratificado por un total de diez países, el último de ellos Costa Rica, que se ha sumado este martes, posibilitando así que al cabo de tres meses entre en vigor. Junto a él constan Albania, Alemania, Bolivia, Gabón, Eslovaquia, España, Montenegro, Portugal y Tailandia, los únicos Estados, de momento, que han contraido el deber de permitir que sus nacionales acudan a la ONU ante violaciones de derechos de la infancia.
"Es un compromiso fuerte con la Convención porque esos países van a recibir denuncias a partir de ahora y no a todos les gusta recibirlas. Son países de muchas culturas y ámbitos geográficos distintos y la esperanza de que se vayan uniendo más está fundada y es importante, aunque es verdad que es un protocolo que exige un compromiso por parte del país y exponerse a los 'rapapolvos' del Comité", ha explicado.
