MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha afirmado este martes en el Senado que España cumple "estrictamente" con la legalidad vigente y el respeto a los Derechos Humanos en los vuelos de deportación de inmigrantes como los 148 que fletó el Ministerio del Interior el año pasado en solitario o en colaboración con FRONTEX para expulsar a más de 3.100 extranjeros.
"En líneas generales, se hacen de acuerdo con las normas en materia de Derechos Humanos. Se cumple estrictamente. España lo hace bien y lo hace con rigor", ha señalado durante la presentación del informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que encarna la institución y que recoge todos los datos oficiales en relación a los citados vuelos.
Becerril ha destacado, además, que las Fuerzas de Seguridad que acompañan desde el aeropuerto de origen al aeropuerto de destino a los migrantes deportados, 3.111 en 2013, "lo hacen con verdadera profesionalidad", como atestiguó un equipo de la Oficina del Defensor del Pueblo que el año pasado viajó a Ecuador y Colombia en uno de estos vuelos.
Además de las conclusiones relativas a las deportaciones en vuelos macro, el informe expuesto por la Defensora del Pueblo recoge las conclusiones de visitar 60 centros de privación de libertad repartidos en nueve comunidades autónomas, entre ellos, cinco centros de internamiento de Extranjeros (CIE). Como resultado, elevó 135 resoluciones, de las que 24 eran recomendaciones, 105, sugerencias; y 6 recordatorios de deberes legales. La Administración, según ha dicho, ha aceptado 110.
SE DEPORTA "AL QUE ES REPATRIABLE"
Sobre los CIE, de los que detalla en el informe diversas deficiencias, especialmente en la atención sanitaria a los inmigrantes privados allí de libertad, la defensora ha incidido en que "siempre hay alguna deficiencia y mejoras que hacer", aunque, en su opinión, "el Reglamento que regula su funcionamiento es una garantía para el cumplimiento de los Derechos Humanos" dentro de estas instalaciones.
"He visitado personalmente el CIE de París para observar cómo hacen las cosas allí y compararlas. Las actuaciones son bastante parecidas y quizá podamos mejorar las nuestras, pero estos centros existen en toda la Unión Europea y yo me propongo visitar algunos más. En París, las condiciones son similares a las de España", ha añadido.
En cuanto al hecho de que Interior no lograse expulsar al 47,51 por ciento de los 9.002 inmigrantes que pasaron por uno de los CIE el año pasado, la Defensora ha declinado pronunciarse sobre el alcance de la cifra. "Se repatrían aquellas personas en las que concurre la condición de repatriables. Hay que atenerse a la legalidad y hacerlo conforme a la misma. Son muchos o pocos, son los que deban ser de acuerdo con la ley", ha señalado.
FALTA HOMOGENEIDAD EN LOS PARTES DE LESIONES
Durante su comparecencia, la Defensora ha dado cuenta además, de otros tres trabajos de la institución: un informe monográfico de la presentado hace unas semanas sobre la escucha de los menores en los procesos judiciales que les atañen, otro publicado a finales del año pasado relativo a la determinación de la edad en menores extranjeros no acompañados y un cuarto, el primero que se realiza de su categoría, sobre los partes de lesiones de personas privadas de libertad.
En relación a este asunto, Becerril ha destacado las recomendaciones elevadas a las comunidades autónomas y al Ministerio de Justicia, para que unifiquen los criterios con los que se elaboran los partes de lesiones de estas personas. En su opinión, es necesario crear un "protocolo estatal de actuación" sobre el tipo de información que debe enviarse a la autoridad judicial con estos informes médicos, un documento "muy importante" para la prevención de la tortura.
En concreto, la Alta Institución pide a Justicia homogeneidad en la redacción de los partes para "que en todos los lugares se rellenen de la misma manera", que sean claros y concisos, y que dejen ver "claramente", la firma del facultativo, la hora a la que fue realizado y fotografías de las lesiones, su procede. También solicita que puedan ser cancelados y que las entrevistas médicas que los motiven se realicen en un lugar que garantice la privacidad.
"El Estado de Derecho no admite divisiones, o hay Estado de Derecho o no lo hay y los lugares de privación de libertad están dentro del Estado de Derecho. Tenemos que vigilar que se mantenga este presupuesto", ha señalado, para incidir en que "se debe poder exhibir ante los mecanismos internacionales cómo se cumple la ley" en España y que "no hay malas prácticas ni abusos".
