MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de los grupos del Congreso, salvo Unidos Podemos, han avanzado este martes su apoyo a la tramitación de una proposición de ley registrada por el PP para modificar la Ley de Seguridad Alimentaria, eliminando las trabas existentes para que las empresas puedan donar alimentos. El objetivo es promover y facilitar esta práctica desde este colectivo.
Según ha explicado ante el Pleno la diputada responsable de esta iniciativa, Marta González, el texto recoge los cambios legislativos necesarios para que las entidades sin fines lucrativos tengan la consideración de consumidores finales, respecto a los donantes de alimentos y, al mismo tiempo, mantengan las obligaciones como operadores alimentarios respecto a sus beneficiarios.
"Esta iniciativa generará seguridad jurídica para facilitar la iniciativa tanto pública como privada, mejorando la eficiencia del suministro y consumo de alimentos y reduciendo los niveles de despilfarro de los mismos", ha declarado González.
Para González, esta medida era necesaria si se tiene en cuenta el cambio de actitud que, en esta materia, ha sufrido la sociedad española en los últimos años. Como ejemplo ha mencionado las ofertas en supermercados de alimentos a punto de estropearse, que se solicite cada vez más la comida sobrante en un restaurante o el reciclaje en los hogares.
Durante el debate, la oposición ha criticado la poca ambición de esta propuesta que, consideran "deja mucho que desear" y es "incompleta" en medidas para poner solución al despilfarro de comida. En este sentido, PSOE y Unidos Podemos han criticado lo que, a su juicio, es una ley de caridad y beneficiencia.
UNA LEY PENSADA PARA LOS SUPERMERCADOS
Así, la portavoz socialista en esta materia, Begoña Tundidor, ha reprochado al PP que "el hambre no se combate con caridad" sino con "políticas activas" y ha criticado que en siglo XXI los 'populares' sigan hablando "de auxilio social". "Creemos que tienen más intención de dar un titular", que añadido Tundidor, quien ha adelantado que, pese a estas críticas, el PSOE votará a favor de la tramitación.
Más crítica se ha mostrado la portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, quien ha señalado que la intención del PP con esta propuesta es "blanquear" su imagen de partido "antisocial y sostenedor de las élites económicas del país". En este sentido, considera que el texto está hecho para que las grandes superficies se deshagan de alimentos en mal estado, con ventajas fiscales, mientras presumen de su solidaridad y ha anunciado su abstención.
Para Belarra, esta norma "entremezcla dos temas importantes" --la pobreza y el despilfarro-- y no resuelve ninguno porque sólo se busca favorecer las donaciones. Las políticas redistributivas o un sistema de garantía de rentas fuertes, son lagunas de las propuestas de Unidos Podemos ante la pobreza, mientras que para solucionar el despilfarro, Belarra propone mejorar el etiquetado para que sea más comprensible, evitar el desecho de alimento sólo por su estética, así como promover la alimentación adecuada y el comercio de proximidad.
CIUDADANOS PIDE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
También ha pedido más medidas el representante de Ciudadanos, Miguel Garaulet, que ha reclamado al PP iniciativas que solucionen en despilfarro, incluyendo, en este caso, políticas medioambientales, así como modificar los hábitos de consumo o fomentar las compras responsables.
Del mismo modo, ha señalado que se debe abrir el suministro a los bancos de alimentos, permitiendo a colegios u hospitales donar lo que les sobra, incluyendo productos frescos que, según ha apuntado, ahora deben comprar estas organizaciones y no permiten que los que recurren a este servicio puedan tener una dieta adecuada. El diputado también ha advertido de que Ciudadanos presentará enmiendas a este texto.
Desde PNV, su portavoz Joseba Andoni Agirretxea, ha criticado que esta propuesta "huele a naftalina" y que un Gobierno "no puede basar su política social en la voluntad individual". Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) ha considerado esta iniciativa "necesaria" pero "no suficiente" y ha recordado que la distribución de alimentos está considerada como una "política de emergencia" o una "medida extraordinaria hasta que otras políticas no tengan efecto en una familia para que ésta pueda ser autónomas".
Durante la tramitación de la ley, el PP también tendrá que escuchar propuestas de Compromís y PDeCAT, que, aunque han asegurado que votarán a favor de esta propuesta, han prometido presentar enmiendas para solucionar las lagunas del texto.
