BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales del Gobierno vasco ha establecido con los secretarios municipales de los ayuntamientos de Euskadi comunicación directa y permanente para la adaptación de las ordenanzas locales a la Directiva de Servicios europea.
En respuesta por escrito a pregunta del parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria, recogida por Europa Press, el lehendakari, Patxi López, también explica que sólo las tres capitales vascas están obligadas a cumplimentar los cuestionarios del sistema 'Interactive Policy Making' para la comunicación de los resultados de la transposición y subsiguiente adecuación normativa a la Comisión Europea.
El lehendakari recuerda sobre esta Directiva de Servicios europea que es de aplicación práctica a partir del pasado 28 de diciembre "aunque todavía no se haya modificado formalmente" la normativa municipal.
Desde el Gobierno vasco se han mantenido contactos en relación con esta directiva europea desde principios de 2008 y se ha organizado, por parte de la Dirección de Asuntos Europeos, algún curso para su plasmación en las normas locales.
Asimismo, el 16 de noviembre pasado el Ejecutivo envió a todos los ayuntamientos vascos un escrito de la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales) en el que se detallaban las actuaciones que deben realizar los consistorios para adaptarse a la Directiva de Servicios.
Posteriormente, el Gobierno vasco realizó "un turno de llamadas a todos y cada uno de los secretarios de los ayuntamientos" de Euskadi para exponerles el contenido de esta Directiva de Servicios, "aclarar las dudas que pudieran tener, actualizar las direcciones de correo electrónico para mantener una comunicación más ágil y directa con los secretarios y dar indicaciones prácticas sobre las actuaciones a realizar".
En este sentido, el lehendakari recuerda que existen ayuntamientos que ni siquiera tienen ordenanzas que se vean directamente afectadas por la Directiva de Servicios, mientras que otros tienen varias.
Posteriormente, tras notificación del Ministerio de Política Territorial, el Ejecutivo vasco conoció que la Comisión Europea sólo exigía la IPM para las tres capitales vascas.
Además de todo lo expuesto, en el citado escrito remitido a los ayuntamientos el 16 de noviembre se facilitó un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que, desde los consistorios, se consulte cualquier cuestión relacionada con la adecuación de las ordenanzas y, en general, la actuación administrativa municipal con respecto a la Directiva de Servicios.
"Dichas vías de comunicación están permanentemente abiertas y se están atendiendo todas las consultas que realizan los secretarios y el resto de los funcionarios de los ayuntamientos que tienen encomendadas funciones de adecuación de la normativa local a la susodicha Directiva de Servicios", añade López.
FUTURO
Respecto a las actuaciones futuras, el lehendakari explica que se seguirán atendiendo todas las consultas que formulen los mencionados secretarios o funcionarios locales a los que se les hayan asignado actuaciones relacionadas con la Directiva de Servicios, mediante la atención de consultas verbales y escritas, estudio de las modificaciones de ordenanzas para adecuarlas correctamente, etcétera.
En este sentido, puesto que desde el 28 de diciembre está vigente en la práctica la directiva, el Gobierno vasco atenderá en este canal de comunicación directa con los ayuntamientos el cumplimiento de la misma, para "no incurrir en ningún tipo de responsabilidad".
"Además de esta atención directa, no se descartan otro tipo de actividades (reuniones de trabajo, informativas, etcétera) dependiendo del estado de la cuestión a primeros de año, pero, de momento, no están programadas", concluye.
DIRECTIVA
La directiva europea afecta desde el pasado 28 de diciembre a las ordenanzas municipales que afectan a la libertad de establecimiento (ejercicio de una actividad económica por medio de una infraestructura estable, por ejemplo, una tienda) o a la libre prestación de servicios (ejercicio temporal y sin establecimiento en el municipio de una actividad de servicios, por prestador ya establecido en la Unión Europea).
Quedan excluidas de los requisitos y derechos que contempla la Directiva de Servicios los servicios no económicos de interés general, los financieros, los de comunicaciones electrónicas, los de transportes, los sanitarios y farmacéuticos, los audiovisuales, las actividades de juego por dinero, los servicios sociales o la seguridad privada, entre otros.
Las autorizaciones o licencias municipales que ordena la directiva europea no tendrá carácter excepcional y sólo podrá exigirse por el ayuntamiento si no es discriminatoria, si es necesaria para evitar un daño irreparable o irreversible y si es proporcionada. Además, el número de autorizaciones que puede exigir el ayuntamiento, si cumple los anteriores requisitos, será ilimitado, se otorgarán por tiempo indefinido y tendrán validez por todo el territorio estatal.
Asimismo, la Directiva de Servicios obliga a los consistorios a simplificar el procedimiento para acceder a la actividad en este sector de servicios, "procurando que los trámites puedan realizarse fácilmente, a distancia y por vía electrónica".
