El Ejecutivo remite la propuesta al Parlamento Vasco y al Comité de Prevención contra la Tortura (CPT)
BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La propuesta del Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi que pretende acometer el Gobierno vasco, creará un censo en el que se incluirá el número de casos detectados entre 1960 y 2010, y analizará una muestra representativa de entre 200 y 400 de ellos. El informe recogerá "un estudio cualitativo y narrativo" de unos 40 "casos emblemáticos" que "narrarán sus experiencias humanas y las consecuencias padecidas en sus vidas".
El documento del diseño de la investigación, encargado por la Secretaría de Paz y Convivencia al médico forense Francisco Etxeberria y al Instituto Vasco de Criminología, del que es miembro, ha sido remitido este sábado a los grupos parlamentarios y también se ha dirigido al Comité de Prevención contra la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, para su valoración. La pretensión es que esté concluido en 2016.
El documento, entregado esta semana a la Secretaría de Paz y Convivencia, incluye el diseño de la investigación y de la metodología que emplearán el equipo del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), en los próximos dos años y medio.
El objetivo de la investigación es "desvelar la incidencia real" de este fenómeno en Euskadi en los 50 años comprendidos y "establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar".
La investigación, que desarrollará el IVAC, estará coordinada por el doctor en Medicina y médico especialista en medicina legal y forense, Francisco Etxeberria, el también médico forense Benito Moretin, el médico especialista en psicología de la salud Carlos Marín Beristain y la especialista en criminología e investigadores del propio instituto, Laura Pego.
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
Según recoge la información facilitada este sábado por Lehendakaritza, el estudio se estructurará en cinco estudios complementarios, uno de ellos, un informe de análisis de la información documental disponible sobre "la prevalencia de malos tratos y torturas", o los elementos que analizan la investigación judicial en estos casos, con el objetivo de "recabar y analizar los informes realizados sobre la existencia de la tortura".
También se llevará a cabo un estudio que recoja toda la información existente "en diferentes fuentes" sobre los casos de tortura y malos tratos, y "si es posible" se tratará de contar con la víctima para "verificar la información". Este capítulo pretende "tener una aproximación de la dimensión del problema analizando las denuncias judiciales o sociales y conocer el grado de documentación que existe sobre estos casos".
CENSO
De esta forma, se elaborará un censo en el que se incluirán el número de casos, clasificación por sexo, edad, territorio de la detención, motivo del arresto, situación legal tras la detención y cuerpo policial que practicó la detención.
También se investigarán entre 200 y 400 casos seleccionados "de forma representativa de entre las denuncias recogidas", si bien el número "dependerá de la dimensión del censo obtenido"
Se desarrollarán entrevistas "en profundidad" mediante la aplicación del Protocolo de Estambul --manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-- y se clasificarán en cuatro épocas (1960-1978; 1978-1990; 1991-2000; 2001-2013).
De esta manera, se evaluará la "credibilidad global de las denuncias" y se busca obtener información sobre "el grado de consistencia de los testimonios, otras pruebas documentales y el examen médico o psicológico de las secuelas y relatos".
El cuarto, será un estudio "cualitativo, narrativo y específico" de "casos emblemáticos", uno 40 casos seleccionados del grupo anterior destinado a "conocer la experiencia humana de las víctimas, las consecuencias sufridas, las respuestas sociales e institucionales recibidas y el impacto en la vida de las víctimas, más allá de los datos estadísticos o la valoración médica o psicológica de los casos".
El quinto y último trabajo será el del informe final, con conclusiones y recomendaciones basadas en "la experiencia comparada internacional en materia de investigación, reconocimiento, reparación y prevención de la tortura y malos tratos".
INVESTIGACIÓN NECESARIA
Además, de al Parlamento vasco, la propuesta del proyecto de investigación ha sido remitida al Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa para su valoración. El pasado mes de marzo, el secretario General de Paz y Convivencia, Jonan Fernandez, presentó al presidente del CPT, Latif Hüseinof, esta iniciativa del Ejecutivo, que fue acogida "muy favorablemente por este órgano del Consejo de Europa".
La investigación del Gobierno Vasco constituye la iniciativa 6 del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco y se incluye en el marco "del primero de los tres grandes compromisos que define el Plan: la clarificación del pasado" y que defiende que "no podemos construir el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado". "Lo padecido es demasiado grave. Debemos poner luz sobre la violencia y sobre cada vulneración de derechos humanos para poder hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación", asegura.
Para el Ejecutivo autónomo, la tortura es "una violación grave de los derechos humanos", por lo que cree "necesario" emprender "este estudio riguroso e independiente sobre la incidencia real de la tortura en nuestro contexto", y adoptar las medidas "de reconocimiento, reparación y prevención que resulten pertinentes y posibles".
El Gobierno vasco asegura que el estudio tiene como finalidad "proporcionar elementos y conclusiones para ello, siguiendo los estándares internacionales en esta materia". "El Gobierno Vasco responde de esta manera a las recomendaciones expresas de los organismos internacionales", asegura.
