Sindicatos celebran una "chorizada popular" contra la privatización del Registro Civil y la Administración de Justicia

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Txorizada - SINDICATOS
Actualizado: miércoles, 26 junio 2013 16:08


BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Administración de Justicia de Barakaldo han realizado una "chorizada popular" dentro de la campaña que lleva a cabo CC.OO., ELA, LAB, CGT, y UGT en contra la privatización del Registro Civil y de la Administración de Justicia.

Según han manifestado, con este acto han querido denunciar las "políticas de destrucción masiva de todo lo público, los ataques y recortes no sólo en la Administración de Justicia, sino también del resto de servicios públicos y sociales". Además, han señalado que, aunque desde los gobiernos "se dice que falta dinero, no falta dinero sino que sobran chorizos".

Para estos empleados públicos el proyecto de privatización del Registro Civil es "un ejemplo de cómo dilapidar dinero público", ya que, según han manifestado, después de haberse gastado en los últimos años "casi 130 millones de euros en informatizar y escanear los vetustos libros registrales de nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas de todos y cada uno de los Registros Civiles de hasta el más remoto pueblo del estado español, ahora se pretende regalar todo ese esfuerzo de las arcas pública a los intereses privados".

A su juicio, no se debe olvidar que el Registro Civil "es sólo un ejemplo de la política privatizadora de las administraciones públicas en general, y de la Administración de Justicia, en particular", que se une a la ley de tasas, el "endurecimiento" de los requisitos para acceder a la Justicia gratuita, la "privatización" de los servicios de notificaciones y ejecución, el "alejamiento" de la Justicia de la ciudadanía con el "proyecto de desaparición" de los Juzgados de Paz o la reducción de partidos judiciales.

Según sus palabras, "si hasta ahora una gran parte de la población intuía que la Justicia no era igual para todas y todos, con estas medidas se corrobora".

Por último, han denunciado que con estas medidas "se hiere de muerte" al derecho universal a una tutela judicial efectiva, poniendo las bases para "una justicia clasista, sólo para ricos".