MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) - Esta ley procede de un decreto normativo elaborado por la Junta de Extremadura que la cámara legislativa regional decidió que pasara a ser proyecto de ley para que los grupos pudieran realizar enmiendas. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra que se reducirá el plazo de resolución de la renta básica finalmente a tres meses desde la presentación de la solicitud y se incluirá el silencio positivo, además de que esta prestación tendrá 86 millones en dos años. Asimismo, se ha acordado destinar 12 millones para mínimos vitales también en dos ejercicios presupuestarios y se considerará también el gas como mínimo vital, junto a la luz y el agua. La diputada relatora, la socialista Eva Pérez ha explicado que esta norma tiene como objetivo establecer unas medidas de carácter urgente y extraordinario encaminadas a atender las necesidades básicas de los extremeños susceptibles de "especial protección", además de fomentar su inclusión social. Así, ha incidido en que la norma pretende asegurar los derechos a la protección de la salud, unos mínimos vitales en cuanto a energía y agua y la protección en el acceso a la vivienda, unos derechos a asegurar para una conseguir una sociedad "más igualitaria", ha insistido. De este modo, Pérez ha destacado que no se han escatimado esfuerzos para tramitar esta iniciativa, ya que han comparecido en comisión más de 30 personas de colectivos conocedores de la realidad social extremeña para realizar aportaciones encaminadas a mejorar el texto. De este modo, las acciones y medidas previstas en la presente Ley se articulan mediante la cobertura sanitaria de personas extranjeras que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, a través de la emisión de una tarjeta identificativa personal de acceso al sistema extremeño de salud y dentro de las competencias de la comunidad autónoma de Extremadura. Además, se adapta el procedimiento de acceso al derecho a la Renta Básica de Inserción de Extremadura a las necesidades sociales actuales y se pone en marcha medidas excepcionales destinadas a cubrir situaciones de emergencia social. También se establece una serie de medidas para asegurar el acceso a unos mínimos vitales de energía y agua a las personas vulnerables y medidas tendentes a "aumentar la justicia social" en el acceso a la vivienda y a paliar las consecuencias de la crisis económica. En su turno de intervenciones de los distintos grupos, la diputada socialista Estrella Gordillo ha aseverado que esta ley colocará a la política como la "mejor herramienta" para mejorar la vida de los extremeños. Asimismo, Gordillo ha resaltado que el PSOE y el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara respeta el marco legal en cuanto a la universalización de la sanidad, aspecto que se vio mermado, ha dicho, con la entrada en vigor de un decreto nacional que, en su opinión, podría poner en riesgo la salud de los ciudadanos. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha centrado su intervención en advertir sobre la posible inconstitucionalidad del contenido de la norma en lo que se refiere a la universalización de la sanidad. Además, ha criticado que el número de enmiendas presentadas y de comparecencias han puesto de manifiesto la "ausencia de diálogo" por parte del Ejecutivo regional. Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha insistido en que era necesario acortar los plazos para la renta básica y en asegurar con fondos suficientes para que los preceptos contenidos en esta ley se puedan hacer realidad. Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, cuyo grupo ha defendido una enmienda en pleno, ha coincidido con Podemos en que era necesario acortar los plazos para la resolución de las ayudas de la renta básica y en dotar a las ayudas "bien" presupuestariamente. Cabe destacar que ambos grupos pedían en sus enmiendas que este plazo fuera de dos meses, aunque mediante una transaccional del PSOE se ha acordado que fuera de tres. El pleno ha empezado con un minuto de silencio de los diputados por los atentados perpetrados en lugares como Bangladesh, Arabia Saudí, Iraq o Turquía.
