Arranca en Mérida el juicio del caso Feval

Actualizado 22/05/2017 11:10:02 CET

Los exdirectivos José Luis Viñuela, José Villa y Juan Francisco Cerrato están acusados de delitos continuados de malversación y prevaricación

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados por el denominado 'caso Feval', los exdirectivos de la propia institución José Luis Viñuela, José Villa y Juan Francisco Cerrato, se sentarán desde este lunes, 22 de mayo, en el banquillo de los acusados y declararán ante el tribunal de la Sala 2 de la Audiencia Provincial de Badajoz, en Mérida.

Seis años después de que fueran apartados de sus respectivos puestos en la Institución Ferial de Extremadura, dependiente de la Junta, tras detectarse presuntas irregularidades en su gestión, comienza el juicio por el presunto caso de corrupción más importante de la región en los últimos años, y para cuyos acusados el fiscal reclama penas de hasta 21 años y medio de prisión.

Serán cuatro días de juicio que comienzan este lunes, a las 9,30 horas, con las cuestiones previas y la declaración de los acusados. El martes y el miércoles será el turno de una veintena de testigos, y ya el jueves terminará con las aportaciones de los peritos y las conclusiones.

MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

El fiscal acusa a los exdirectivos de Feval de varios delitos continuados de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa por los que pide 21 años y medio de prisión y 65 de inhabilitación para quien fuera el director general de la entidad entre 1985 hasta 2011, José Luis Viñuela, además de una multa de 16.200 euros, a lo que hay que sumar indemnizaciones por responsabilidad civil, en algunos casos aún por determinar.

Por su parte, quien fuera administrador general desde 1988 Juan Francisco Cerrato se enfrenta a una pena de prisión de 11 años y medio, 47 de inhabilitación y una multa de 16.200 euros además de las indemnizaciones por responsabilidad civil. Y para el ex subdirector de la entidad, José Villa, pide penas de 9 años y medio, 14 de inhabilitación y una multa de 6.480 euros.

"MECÁNICA DEFRAUDATORIA" PARA CUADRAR LAS CUENTAS

Aunque las indemnizaciones por responsabilidad civil deben ser tasadas por algunos de los delitos que se les imputa, Viñuela y Cerrato se enfrentan al menos a una reclamación de 182.000 euros que deberán afrontar de forma subsidiaria por malversación de caudales públicos.

En concreto, según la calificación del fiscal, desde antes de 2004 los administradores de Feval usaban una hoja excel a modo de diario de caja en la que se hacían constar las entradas de efectivo, principalmente por las actividades de hostelería y restauración y por la celebración de ferias, en la que asimismo se anotaban salidas de efectivo con la denominación 'A caja Juan'.

Unas cantidades que eran entregadas al administrador general Juan Francisco Cerrato que éste trasladaba a una caja de caudales que tenía en su despacho sin firmar ningún justificante de ello. De esta forma, los miembros del departamento que dirigía Cerrato perdían el control sobre el destino de estas cantidades.

El fiscal detalla que a pesar de que parte de estas cantidades eran devueltas por Cerrato al departamento de administración, anotándose en la citada hoja excel bajo la denominación 'De caja Juan', y otras eran ingresadas directamente en las cuentas bancarias de la institución, había otra parte de dichas cantidades que "desaparecía".

Esta es la forma en la que se iba produciendo un "descuadre" de las cuentas "en perjuicio de la institución", que al final de cada ejercicio, y por orden de Cerrato, "se ocultaba y se hacía desaparecer de la contabilidad oficial eliminando o modificando los asientos para que el saldo resultante de ésta cuadrase con el dinero efectivo existente en el departamento".

Una vez descubierta esta "mecánica defraudatoria" en la investigación abierta sobre el ejercicio de 2009, la policía judicial verificó los ejercicios 2005-2009 comprobando un desfase de 181.914 euros, que ahora reclama el ministerio fiscal en concepto de responsabilidad civil a ambos directivos.

Así, y si bien quien "dirigía materialmente" esta operativa era el administrador, Juan Francisco Cerrato, amparándose en la "superioridad jerárquica" sobre los empleados del departamento que dirigía, a quienes impartía "órdenes para la manipulación del saldo de caja", éste actuaba "con el conocimiento y consentimiento" del director general, José Luis Viñuela.

TRABAJOS DE EMPLEADOS PARA USO PRIVADO

Por otro lado, el fiscal acusa Viñuela de disfrutar desde 2007 de asistente y chófer personal, a sabiendas de que dicho puesto no existía en la institución, y cuyas funciones desempeñaba, por orden del propio director general, un trabajador del servicio de mantenimiento.

Además, el propio Viñuela y en este caso el subdirector José Villa, utilizaron recursos de Feval para el mantenimiento y mejora de una finca adquirida por ambos junto al pantano de Orellana, y para lo que utilizaron jardineros y peones de la institución para realizar durante su horario laboral diversos trabajos en la propiedad privada de ambos.

Otra de las irregularidades está relacionada con los contratos fraccionados para la puesta en marcha en Feval de un centro de emprendimiento TIC, para el que se crearon expedientes de contratación que el ministerio fiscal califica de "falacia", pues el objeto de los mismos no era más que esconder la adjudicación a una determinada empresa.

Además, durante la construcción del centro se produjo una modificación del proyecto inicial para construir en este centro de emprendimiento instalaciones como un jacuzzi, una piscina o una pista de squash.

También se les acusa de prevaricación en la contratación de servicios de asesoramiento para el desarrollo de la primera fase de dicho centro, que se hizo sin la elaboración de expediente administrativo alguno, y que supuso un desembolso de 36.000 euros.

Igualmente se les acusa de prevaricación en la contratación de la empresa de limpieza Clece en 1999, que inicialmente fue de un año pero que se prorrogó sucesivamente durante una década, sin incoar ningún expediente administrativo pese a que se pagaba por sus servicios cantidades que oscilaron entre los 120.000 y los 174.000 euros anuales.

Finalmente, se incurrió en otro delito de prevaricación en la contratación de la empresa Gamma XXI para la presentación de servicio de alquiler y montaje de stands, tarimas, puertas o moquetas para las ferias que organizaba Feval.

El fiscal señala que "pese a los esfuerzos" durante la instrucción por localizar el contrato y el expediente administrativo de contratación de esta empresa, no ha sido posible localizarlos. Esta empresa cobró 466.00 euros en 2007; 371.300 euros en 2008; 277.300 euros en 2009; y 90.500 euros en 2010.

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