La nueva ley de Turismo contra los alojamientos ilegales en Extremadura sigue adelante con apoyo de todos los partidos

José Luis Navarro en el Pleno de la Asamblea
ASAMBLEA
Actualizado: jueves, 19 abril 2018 10:53

   La Junta ha detectado 580 apartamentos turísticos clandestinos desde 2015, de los que ha sancionado o está en fase de hacerlo a 123

   MÉRIDA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La nueva ley de Turismo de Extremadura, que tiene en sus objetivos principales erradicar la oferta de alojamientos ilegales a través de plataformas digitales, continúa su tramitación en la Asamblea de Extremadura con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, y con el compromiso de contar con los representantes del sector para mejorar a través de enmiendas el texto inicial.

   El parlamento extremeño ha celebrado en el Pleno de este jueves el debate de totalidad de la Ley de modificación de la ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura, que continuará adelante en su tramitación al no haberse registrado solicitud de devolución a la Junta por parte de ningún partido.

   En defensa del nuevo texto normativo, el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha destacado que este texto es fruto del diálogo con el sector, y asimismo espera que el espacio de debate que se abre a partir de ahora hasta la aprobación definitiva de la ley sirva para mejorarlo con las aportaciones del resto de grupos parlamentarios.

   Asimismo, ha avanzado que la participación del sector durante la tramitación parlamentaria será "lo más amplia posible" con el fin de enriquecer el proyecto de ley.

   En su intervención, Navarro ha remarcado que el turístico es uno de los sectores "más importantes" de la región, y que además es uno de los que "más crece" en los últimos años, con una evolución "claramente positiva", y que tiene como protagonista a los empresarios.

"Las cosas van bien porque hay mucha gente haciendo las cosas bien", ha remarcado, al tiempo que ha reconocido el trabajo que en este ámbito están desarrollando los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

ERRADICAR LA COMPETENCIA DESLEAL

   Entre los contenidos de la nueva norma, ha subrayado que persigue la "erradicación de la competencia desleal y de la oferta ilegal y clandestina", que según ha señalado "distorsiona la ordenación de la oferta y causa importantes perjuicios" a los empresarios, que en su "mayoría", ha dicho, "hacen las cosas bien" pagando sus impuestos y generando empleo legal.

   Para ello, mediante esta modificación de la ley se obliga a los alojamientos a contar con un número de inscripción en el registro de empresas del sector, de tal forma que su incumplimiento supone una infracción de carácter grave.

SANCIONES A LAS PLATAFORMAS DIGITALES

   Otra obligación para el sector, incluidas las plataformas digitales que ofertan este tipo de alojamientos, pasa por poner en conocimiento de la administración los datos de la titularidad y la sede de las empresas que no hagan constar el número de registro.

   Igualmente, estas plataformas estarán obligadas a retirar toda información y publicidad de estos alojamientos cuando no figure el número de registro a requerimiento de la Administración, cuyo incumplimiento será considerado una infracción "muy grave".

   Al respecto, cabe destacar que la nueva norma no modifica el régimen sancionador de la misma, de tal forma que las infracciones muy graves contemplan multas de entre 6.001 y 60.000 euros. La finalidad de estos cambios es velar por los derechos de los usuarios así como de los empresarios que ejercen la actividad de una forma legal.

580 APARTAMENTOS ILEGALES

   El consejero ha detallado que la administración mantendrá "toda la energía" en la inspección como herramienta para sacar del mercado toda la oferta ilegal. En este sentido, ha señalado que desde que se iniciara la legislatura en 2015 se han detectado 580 viviendas clandestinas anunciadas en plataformas.

   De ellas, el 70 por ciento, es decir, 405, o han dejado de prestar servicio, o han retirado el anuncio o han tramitado una declaración responsable, lo cual ha realizado ya 114. De esta forma, han sido sancionadas o están en fase de serlo 123.

   Por otro lado, la nueva ley redefine el concepto de turismo rural, elevando de 10.000 a 20.000 la población de los núcleos que podrán tener esta consideración.

   Asimismo, se crea la categoría de "establecimientos singulares", para aquellos que no tengan cabida en ningún otro y que se vayan incorporando a la oferta turística, como es el caso de las cabañas en los árboles.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

   La diputada del Grupo Parlamentario Popular Felisa Cepeda ha señalado que la lucha contra la "lacra" del turismo ilegal debe ser cosa de "todos", y en este sentido ha propuesto la máxima agilización en la tramitación de la norma para dar una respuesta a este problema al sector.

   Al respecto, ha coincidido con Navarro en que el buen comportamiento del turismo en la región se debe "sobre todo" a la calidad de la oferta turística extremeña y a la profesionalidad del sector, al tiempo que ha agradecido a Navarro que haya mantenido a su grupo parlamentario informado sobre el desarrollo de la nueva ley.

   Así, ha avanzado que durante la tramitación parlamentaria de la misma va a solicitar la comparecencia en comisión de los representantes del turismo regional, para de este modo, a partir de su demandas, el Grupo Popular elabore un conjunto de enmiendas parciales al texto con el fin de mejorar la norma.

   Finalmente, ha reclamado a la Junta que ejecute todas las partidas presupuestadas para la mejora y promoción de la oferta turística, así como una simplificación de los trámites burocráticos a los que se enfrentan los empresarios.

   Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Podemos Daniel Hierro ha señalado que la ley llega "tarde" y que es "poco ambiciosa", en tanto que las cuestiones que se proponen se han "afrontado de una forma poco valiente".

   En cualquier caso, ha reconocido que tiene aspectos positivos, entre los que citado la creación de la categoría de establecimientos singulares, en tanto que se trata de un sector innovador que "siempre" va a ir por delante de la administración.

   Por el contrario, cree que se debería haber llegado más lejos en cuestiones como la regulación de los apartamentos turísticos, y en este sentido ha recordado que desde la Eurocámara se ha instado a los gobiernos nacionales a abordar la regularización de las plataformas digitales que ofertan pisos turísticos, si bien ha reconocido que la región no tiene todas competencias.

   En esta línea, ha señalado que ya hay "ejemplos" en otras comunidades autónomas, ante lo cual el consejero ha respondido que estas experiencias "no han solucionado nada".

MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA

   A su vez, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha considerado apropiada esta reforma de ley, al tiempo que ha considerado que debe ir asimismo acompañada de la actualización de la propia administración, con el fin de evitar la burocracia a la que se enfrentan los empresarios.

   En todo caso, ha compartido que el objeto de estos cambios es "poner coto a situaciones injustas y de agravio y evitar un menoscabo de quienes lo hacen bien" así como de la propia Marca Extremadura, dotando al sector de mayor seguridad jurídica y adaptando al presenten un sector "estratégico" para la región.

   En el lado negativo, ha expresado que tiene "alguna reserva" con respecto a los nuevos establecimientos singulares, así como ha reclamado que se incida más en la calidad de la oferta y en la formación de los profesionales del sector, algo que ha compartido el propio José Luis Navarro.

   Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario PSOE-Siex Hugo Vázquez Velayos ha señalado que los datos que arroja el sector turístico avalan la "buena actuación" de la Junta así como la coordinación entre las diferentes administraciones.

   En concreto, ha señalado que el turismo regional genera más de 700 millones anuales, lo cual supone el 4,3% del PIB, y emplea a casi 25.000 personas, lo que se traduce en el 6 por ciento de la fuerza laboral de la comunidad.

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