MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento extremeño ha dado este martes luz verde a la constitución de dos comisiones no permanentes de estudio, una de ellas propuesta por IU sobre las inundaciones, y la otra del PSOE, relativa al fraude fiscal.
Unos acuerdos que han sido adoptados este martes durante la Junta de Portavoces de la Cámara regional, en la que los tres grupos han mostrado su interés por conocer los daños causados por las últimas inundaciones y la necesidad de luchar contra el fraude fiscal.
Así lo han explicado en rueda de prensa, tras concluir la junta de la cámara autonómica, los portavoces de los grupos del PSOE, IU y PP, Valentín García, Pedro Escobar y Miguel Cantero, respectivamente.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Por un lado, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Extremadura ha criticado el hecho de que no haya salido adelante la iniciativa socialista para la creación en la cámara autonómica de una comisión de investigación relacionada con las últimas inundaciones en la comunidad, a causa de que, tanto IU como PP, han apoyado finalmente la creación de la comisión de estudio, y no de investigación.
En este sentido, Valentín García ha criticado que IU haya decidido "ponerle la alfombra una vez más al Partido Popular y hacer solo una comisión de estudio", tras argumentar que la comunidad "no" tiene competencia en materia de desembalses.
Así, el dirigente socialista ha aseverado que una comisión de estudio "no sirve más que para hacer recomendaciones, pero no para exigir responsabilidades, ni políticas ni patrimoniales".
"No comparto nada de lo que se ha dicho hasta ahora, la comunidad autónoma tiene competencias para estudiar los daños que ha causado los desembalses en el patrimonio público regional: carreteras, caminos acequias...", ha criticado García, que ha destacado además la competencia autonómica de defender el "interés general de defender a los perjudicados extremeños"
A juicio de García, Izquierda Unida "ha preferido lavarle la cara al gobierno de Rajoy", en lugar de apoyar la creación de una comisión de investigación, y así poder "pedir responsabilidades patrimoniales al Gobierno de España".
CUANTIFICAR LOS DAÑOS
Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Escobar, ha recordado que la coalición propone que dicha comisión sea de estudio, y no de investigación, porque la comunidad "no tiene competencias" sobre la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadiana, cuya gestión compete al Ministerio de Medio Ambiente.
Además, ha hecho hincapié en la necesidad de cuantificar los daños para "poder reclamar las correspondientes indemnizaciones al Gobierno de la nación".
"Sabemos que no es competencia nuestra quién debía o no desembalsar, pero puesto que la competencia es suya, también tienen responsabilidad en cuanto a la subsanación de los daños y en la subsanación de las pérdidas patrimoniales que han tenido los agricultores", ha expresado Escobar, a preguntas de los periodistas.
De este modo, y con el objetivo de ofrecer cobertura a los productores de la región que se han visto afectados, Escobar ha defendido la puesta en marcha de créditos bandos.
Además, ha recordado que se ha solicitado la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, quien, según ha explicado, "aportará suficientes datos para saber qué es lo que ocurrió en esos días fatídicos, en esos días malos".
UNA COMISIÓN "CLARA Y REPOSADA"
Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Cantero, ha mostrado el interés de su grupo en elaborar, a través de esta comisión, un estudio que de forma "reposada, clara, reflexiva" que aporte las conclusiones necesarias que permitan determinar qué es lo que ha pasado, y "cuál es la cuantificación de esos daños y las indemnizaciones a las que podría haber lugar".
"Nos parece importante, puesto que si alguien estaba confundido, y pensaba que nosotros podíamos determinar responsabilidades patrimoniales, evidentemente cae en un gran error", ha argumentado Cantero.
De este modo, ha aseverado que el objetivo es "conocer cuáles son esos daños, dimensionar esos daños", al mismo tiempo que ha recordado también que el Gobierno de Extremadura "ya actuó de una forma urgente y medida, en cuanto a la aplicación de las ayudas y el soporte económico necesario para proteger esos interese que han sido dañados".
FRAUDE FISCAL
En cuanto a la creación de la comisión de estudio sobre el fraude fiscal, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha abogado porque ésta pueda establecer "recomendaciones" al Gobierno regional para que "desaparezca el fraude fiscal" en la comunidad.
Según ha destacado, el fraude fiscal "le compete tanto a esta comunidad como al Gobierno de la nación, porque ambos cobran impuestos y ambos tienen que velar porque no haya ciudadanos defraudadores, ciudadanos evasores".
García ha destacado que el PSOE solicitará que los expertos puedan dilucidar que "en este país el fraude fiscal se sitúa por encima de los 70.000 millones de euros, justo el doble de lo que ha recortado el gobierno de la nación este año".
En este sentido, y por parte del PP, Miguel Cantero ha mostrado el apoyo de su grupo a la creación de esta comisión "para que los ciudadanos conozcan cuál es el periplo que se ha venido llevando a cabo por parte de las distintas administraciones en cuanto a la lucha contra el fraude".
Según ha destacado, el propio gobierno de España ha incrementado en más de un 11 por ciento esa lucha, con una cuantía de más de 11.500 millones de euros.
Así, ha dicho que, si este trabajo se hace a nivel extremeño, "lamentablemente" habrá "sorpresas". "Creo que todo redundará en beneficio de la ciudadanía y, lógicamente, esa transparencia, esa claridad con la que el Gobierno de Extremadura y todos los representantes políticos queremos trasladar al conjunto de los ciudadanos", ha destacado Cantero.
