El Gobierno gallego tendrá 12 meses para remitir un proyecto de ley sobre autotaxi y alquiler de vehículo turístico con chófer
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los grupos del PPdeG y PSdeG dieron hoy luz verde a la Ley Ómnibus gallega, que modifica un total de 23 normativas de la legislación de la comunidad para adaptarse a la Directiva de Servicios de la Unión Europea. Sin embargo, los nacionalistas rechazaron el texto, pese a reconocer "mejoras" introducidas en el trámite parlamentario, puesto que el BNG demandaba blindar las condiciones laborales gallegas.
Fue el portavoz del Grupo Parlamentario del Bloque, Carlos Aymerich, quien puso el acento en que la libre prestación de servicios "legaliza el dumping" social y, por lo tanto, "no se garantiza que los trabajadores gallegos" estén sujetos a la legislación laboral de Galicia.
En este sentido, instó a los grupos a incorporar una enmienda de los nacionalistas cuyo objeto se basaba en "asegurar las condiciones mínimas", aunque eso supusiese "un conflicto" con la Unión Europea, porque "merecería" la pena, tras lo que lamentó la actitud de los grupos 'popular' y socialista por no recoger esta cuestión, que ya había sido rechazada en trámites parlamentarios anteriores.
De hecho, la crítica del diputado del Bloque molestó al socialista José Manuel Lage Tuñas, quien subrayó que el PSdeG "no aceptará lecciones" sobre la defensa de los derechos de los trabajadores, algo que recalcó al recordar que su partido lleva en sus siglas la condición de "obrero".
"Respetamos la defensa de los grupos minoritarios (por el BNG), pero nadie puede poner en duda nuestra defensa de los derechos de los trabajadores y no le vamos a aceptar lecciones", espetó Lage Tuñas, a quien Aymerich reveló que "el verdadero debate que late detrás de la liberación de servicios" son las condiciones de los trabajadores, que --alertó-- "no se armonizan" en el ámbito europeo.
Por su parte, el representante del grupo del PPdeG en el debate, Antonio Rodríguez Miranda, tendió la mano a transaccionar la enmienda nacionalista incorporando la necesidad de que la defensa de las condiciones de trabajo atiendan a las normativas europeas y estatales vigentes.
"Tienen la posibilidad de cogerla y aprobarla, o votar en contra y quedarse en solitario", se dirigió Rodríguez Miranda a las bancadas nacionalistas, un gesto que no llegó a ser negociado antes de los sufragios y, por lo tanto, tampoco incluido.
INCLUSIÓN GALLEGO
Durante sus respectivas intervenciones, los diputados de los tres grupos destacaron las mejoras que supondrá la transposición de la normativa para la simplificación de trámites o en aspectos como los colegios profesionales, así como todos se fijaron en la introducción de la lengua gallega en la prestación de servicios.
Así, el nacionalista Carlos Aymerich reivindicó que el texto recoja la obligación de que los prestadores de servicios se dirijan a los consumidores, de forma oral y escrita, en lengua gallega --una opción transaccionada con los demás grupos--.
"No satisface, pero es un primer paso para la plena aplicabilidad de la lengua", manifestó el diputado del Bloque, quien apostaba por recoger la obligación de "promoverla", además de la de dar garantías para los derechos de los consumidores. "Pero la transacción es algo positivo", admitió, al respecto de una "mejora para el gallego", en palabras de Lage Tuñas.
"Es la prueba evidente de que en este grupo estamos por apoyar la lengua propia al margen de extremismos", destacó el parlamentario 'popular' en su turno de intervención, quien también aprovechó para subrayar que los 'populares' aceptaron buena parte de las enmiendas de la oposición "para mejorar el texto" y, así, "poner por encima los intereses del país".
EN 12 MESES UNA LEY
Por otro lado, otra de las cuestiones que destacaron los parlamentarios es la obligación del Gobierno gallego de remitir, en el plazo de 12 meses, un proyecto de ley que regule la actividad de autotaxi y el alquiler de vehículos turísticos con conductor, con el objetivo de "evitar la competencia desleal" en este sector.
Entre las normativas que se acogen a esta ley paraguas, se encuentran la que regula el libro y la lectura, patrimonio cultural, protección de animales domésticos, conservación de la naturaleza, vivienda, artesanía, seguridad industrial, Administración local, la normativa que regula las actividades feriales, la de juegos de Galicia o la de promoción o defensa de la calidad alimentaria.
La directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo se inscribe en la 'estrategia de Lisboa' y propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de servicios, que pasan por "facilitar" la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios en la UE, reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios, fomentar la calidad de los servicios y establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros.
De esta manera, el ámbito de aplicación se extiende a cualquier servicio prestado a cambio de un remuneración económica, salvo sectores excluidos. Entre éstos, se encuentran servicios no económicos, financieros, comunicaciones electrónicas, transporte (incluidos portuarios), empresas trabajo temporal, sanitarios, audiovisuales, juegos por dinero, actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, determinados servicios sociales --atención niños, vivienda social, apoyo a personas necesitadas--, servicios de seguridad privadas y los prestados por notarios y agentes judiciales designados por la Administración.
