Denuncian que "toda" la atención hospitalaria de Vigo quedará "en manos privadas"

 

Denuncian que "toda" la atención hospitalaria de Vigo quedará "en manos privadas"

El nuevo hospital de Vigo
Foto: EP/XUNTA
Actualizado 31/08/2014 16:26:11 CET

Critica que el Sergas renueve el concierto singular con Povisa porque es "mantener artificialmente" a una empresa privada con dinero público

   VIGO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación gallega para la Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado que "toda la atención hospitalaria" de Vigo quedará en "manos privadas" una vez que se inaugure el nuevo hospital público de Vigo, después de que el Sergas renovase el concierto singular con el Hospital Povisa.

   En este sentido, a través de un comunicado, la asociación ha criticado que la Consellería de Sanidade renovase por ocho años, "con ampliación cada dos", el concierto singular de Povisa que supone mantener un centro privado con dinero público.

   Este acuerdo, según ha informado, supone "mantener artificialmente" a una empresa privada con una "generosa subvención" que cifra en 75 millones de euros anuales, cantidad "similar" a la que recibirán las empresas concesionarias del nuevo hospital de Vigo por financiar y gestionar el mismo.

   A esta ayuda económica, la plataforma ha destacado que habrá que "añadir" el coste de los servicios de referencia de maxilofacial, quemados o cirugía porque "quedarán situados para siempre" en el hospital privado en vez de en el nuevo centro. Así, la asociación ha exigido "conocer la cuenta" de estos servicios.

   Además, el colectivo ha criticado que la negociación mantenida entre el Sergas y Povisa se ha realizado con "total falta de transparencia" y llena de "información engañosa", con medidas que "atentan" contra la planificación y la gestión racional.

   Asimismo, también ha señalado que resulta "injusta y discriminatoria" la generosidad de la Xunta con una empresa privada, al mismo tiempo que se "recorta el presupuesto", se despide personal, se cierran centros de salud y se introduce el copago a los pensionistas con el objetivo de reducir el gasto público.

CONCIERTO SINGULAR

   La Asociación gallega para la Defensa de la Sanidad Pública ha considerado que la renovación de este convenio, a su juicio "con carácter indefinido", explica los recortes que se introdujeron en el proyecto del nuevo centro.

   En concreto, el colectivo ha señalado que al nuevo centro se le "suprimieron 400 camas", "justo" la misma cantidad que integrará Povisa. Por ello, la asociación ha denunciado que la empresa privada "es capaz" de condicionar a su beneficio la planificación sanitaria en el área de Vigo.

   Con todo esto, la plataforma ha visto "conflicto de intereses" público-privados en la renovación del acuerdo, ya que, según ha subrayado, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, fue gerente del Hospital Nosa Señora da Esperanza de Santiago, centro que formaba parte del grupo Povisa.

FINANCIACIÓN NUEVO HOSPITAL

   Por otra parte, esta asociación ha exigido la "paralización inmediata" del proyecto del nuevo hospital de acuerdo a la modalidad de financiación público privada, y la apertura de una investigación sobre las irregularidades de todo tipo que "han ido asociadas" desde el inicio de la concesión.

   Así, la plataforma ha evidenciado que los "problemas de corrupción e irregularidades" van asociados a este modelo, y ha señalado que dos empresarios confesaron a la fiscalía el amaño en el concurso para la construcción de un hospital en Baleares con una fórmula de financiación similar a la utilizada en Vigo.

   En este sentido, ha recordado que la modalidad de financiación ha sido denunciada por la Plataforma SOS Sanidade Pública por los "sobrecostes" que genera, "siete veces los reales", por los "recortes en personal", "equipamiento" o "calidad de los materiales".

   A estas denuncias, se suman, según la Asociación gallega para la Defensa de la Sanidad Pública, las "irregularidades" en el proceso de adjudicación de la obra a la actual concesionaria, como "la desaparición del informe" de la auditora PWC, por el que la Xunta pagó 200.000 euros, según ha remarcado.

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