VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Funcionarios de justicia se han concentrado este martes en varias ciudades y localidades gallegas para denunciar "represión sindical" ante los expedientes abiertos a Consuelo Rodríguez (delegada sindical de la CIG) y Javier Fernández (delegado de Alternativas na Xustiza-CUT).
En declaraciones a Europa Press, Pablo Valeiras (AXG-CUT) ha denunciado la "represión sindical" de la Xunta y ha subrayado que "los dos únicos expedientes" abiertos a raíz de la huelga indefinida de los funcionarios de justicia son de sindicalistas de AXG-CUT y CIG, "y no a ningún delegado de los sindicatos que firmaron el acuerdo de la Xunta".
Y es que AXG-CUT y CIG, junto con STAJ, son los que se niegan a aceptar que el conflicto de la justicia ha finalizado y rechazan el acuerdo que firmaron con la Xunta otras tres organizaciones del sector (SPJ-USO, UGT y CC.OO.). CSIF no suscribió el acuerdo, pero abandonó el comité de huelga y la da por desconvocada.
Entre tanto, AXG-CUT, STAJ y CIG están pendientes de que se publique el acuerdo, que fue aprobado por la Xunta en el Consello del pasado jueves, para decidir si lo impugnan o no.
Entre tanto, los tres han convocado estas concentraciones en apoyo a sus dos compañeros expedientados, por lo que consideran "un acto de represión" y "una caza de brujas".
"QUE LA XUNTA CUMPLA"
Por otra parte, este martes, la secretaria general de la Federación de Empleados Públicos de UGT-Galicia, Irene Martínez, ha asegurado que espera que la Xunta "cumpla con los criterios" acordados para el plan de recuperación del trabajo atrasado con la huelga de empleados públicos de justicia.
Preguntada al respecto del desarrollo de ese paro en una rueda de prensa sobre función pública, ha valorado que la plataforma sindical "no estuvo a la altura de las circunstancias" cuando fue promovida una consulta que se desarrolló "sin garantías, con agresiones, amenazas, etcétera".
A este respecto, ha insistido en que en las dos "causas" relacionadas con la cláusula para revisión del nivel salarial y con el plan de recuperación del trabajo "no se podía amparar la devaluación del acuerdo" cuando ya "se estaba en un 90% o más de los objetivos planteados".
