SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados gallegos empezarán este lunes una tercera semana en servicios mínimos, a raíz de la huelga indefinida de funcionarios del sector judicial de la comunidad que empezó el pasado 7 de febrero. Lo harán con el conflicto más enquistado que nunca y con la incógnita de si Xunta y sindicatos vuelven a sentarse.
Tras millares de juicios y procedimientos jurídicos suspendidos, con los juzgados y los registros civiles paralizados, distintos colectivos del sector --jueces, abogados y procuradores, entre ellos-- urgen que el comité de huelga (en el que están representados los siete sindicatos del sector) y la Xunta retomen el diálogo.
Sin embargo, las posturas de las partes están lejos de acercarse. Este sábado, en Santiago, los sindicatos convocaron una manifestación a la que acudieron unas 2.000 personas --el colectivo de funcionarios suma unas 2.700 en la comunidad-- y el mensaje fue claro: "resistencia". Como ratifican fuentes sindicales consultadas por Europa Press, están dispuestos a "aguantar" el pulso.
La Xunta, a través del propio vicepresidente, Alfonso Rueda, ha replicado a los sindicatos que son ellos los que se levantaron y los ha llamado a volver a negociar, al tiempo que ha advertido que los ciudadanos son "los rehenes" de la huelga.
Todo ello viene precedido de una nueva ruptura de las negociaciones el martes pasado. Y es que, tras dos días de largas reuniones, los sindicatos se levantaron al considerar que la Xunta no tiene "voluntad real" de negociar. Afirmaron que no se volverán a sentar con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien encabeza la delegación del Gobierno junto con su homólogo en Xustiza, Juan José Martín, y exigen un cambio de interlocutor para retomar el diálogo.
PROPUESTAS
La Xunta no parece dispuesta a ceder a sus pretensiones y afirma que su última propuesta sigue sobre la mesa. En ella, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.
En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, se compromete a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos".
Sobre la oferta económica, que parece inamovible, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo --auxilios, tramitadores o gestores--) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades.
Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos. La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría es "inasumible" para las arcas públicas.
