SANXENXO (PONTEVEDRA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha dado de plazo hasta el 20 de abril al concejal de la localidad pontevedresa de Sanxenxo Francisco Villaverde para acometer las obras necesarias para adecuar su vivienda "a las condiciones de la licencia otorgada" en agosto de 2004 y que, según ha informado el Ayuntamiento, "contravino siendo concejal de Urbanismo".
Villaverde, actualmente concejal del partido de la oposición Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), y que, como edil del PP, había sido responsable de Urbanismo, "contravino" la licencia que le fue otorgada en agosto de 2004 al añadir a su vivienda del lugar de Areas un sótano para garaje y "modificar la distribución interior autorizada", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Esta Administración ha resaltado además que, "una vez se acometan las labores de legalización de la vivienda" fijadas en este auto, se "pondrá fin a otro de los conflictos urbanísticos" que este municipio "arrastra desde hace años", después de que la asociación Salvemos Pontevedra interpusiese un recurso contra las obras en cuestión.
El auto dictado por el juzgado de Pontevedra estipula, según ha recogido el Gobierno local, que Villaverde deberá eliminar la conexión interior de su vivienda con la planta del sótano y suprimir también la rampa exterior de acceso al nivel bajo rasante, tras retirar el portal existente y sellar el hueco de acceso a esta planta con un muro de hormigón.
También tendrá que "retirar los elementos móviles" y "anular las instalaciones eléctricas y de fontanería o calefacción" en dicho nivel bajo rasante, además de "convertir su carpintería exterior en ventilaciones permanentes".
VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO
Por otra parte, el Ayuntamiento también ha indicado que el auto dictado "deja claro" que la Administración local deberá responder de la "ejecución final de las obras", ya que será la "encargada de su vigilancia". De hecho, contempla la imposición de "multas coercitivas", la primera de 1.500 euros, reiterables mensualmente "en idéntica o superior cuantía", en caso de que las obras de adecuación no se completen en el plazo establecido.
Así mismo, el auto también indica que, con motivo del certificado final de obra, "competerá a los técnicos municipales" valorar si los trabajos de redistribución interior de la vivienda exigidos "se ajustan a la normativa urbanística de aplicación en la fecha de concesión de la licencia no anulada para la construcción de la vivienda" y a "la normativa urbanística vigente en la fecha de su finalización".
Según ha añadido la Administración local, el juzgado "ha tenido en cuenta" lo recogido en el informe del arquitecto municipal, quien indicaba que los cambios realizados en la distribución interior de la vivienda del concejal de SAL y en la disposición de los huecos de su fachada "son susceptibles de ser aportados en el certificado final de obra", dado que "cumplen con los parámetros de ordenación establecidos por la normativa vigente y no suponen un aumento de volumen ni una alteración sustancial en la distribución interior de la misma".