PSdeG y BNG critican que no se profundiza en la regulación de productos bancarios y los populares alegan que es competencia estatal
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG ha aprobado este martes en solitario la nueva Ley de las Personas Consumidoras y Usuarias, que ha sido rechazada por los grupos de la oposición --PSdeG y BNG-- con el argumento de que es una norma que "nace vieja", que resulta "inviable" y que apenas regula supuestos "especialmente sensibles" como los productos bancarios ni articula soluciones para los afectados por el conflicto de las participaciones preferentes.
Aunque el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera y el nacionalista Fernando Branco han destacado el "diálogo" en la tramitación de la ley, han esgrimido estas críticas como justificación a su rechazo de la nueva normativa. Frente a ello, la parlamentaria popular Cristina Romero ha defendido que la nueva ley, "concreta y eficaz", responde a la "compleja" realidad del mercado y ha alegado que regular la contratación de productos bancarios como las preferentes es competencia estatal.
"Es una ley absolutamente inviable y escasamente operativa", ha contrapuesto Francisco Rivera, quien ha recordado a los populares que las leyes "sólo tienen sentido" si responden a las necesidades de la sociedad. Frente a ello y pese a las mejoras introducidas en su tramitación, el socialista ha replicado que el texto aprobado este martes no responde a este extremo y ha añadido que ni siquiera se ajusta "a las expectativas" de la propia Xunta.
En este sentido, ha lamentado que no se contemplen "cuestiones básicas" como el arbitraje del consumo colectivo y para medios electrónicos ni la creación de oficinas para la defensa de consumidores de productos bancarios. "Da la sensación de que esta ley responde más a esa obsesión del PP de batir un récord legislativo que a la intención de dar respuesta a las necesidades de los consumidores", ha lamentado el socialista.
Ha señalado, asimismo, que debería profundizar en las contrataciones de productos básicos y hacer constar que las cláusulas sean negociadas individualmente, así como recoger la orden de que las condiciones se redacten "con sencillez" y respondan "a los principios de buena fe". Asimismo, ha defendido que el régimen de sanciones debería ser objeto de una ley distinta y ha criticado que no se prevé un desarrollo del Instituto Galego de Consumo (IGC), que por el contrario será "eliminado" en el proceso de integración con Competencia.
"NACE VIEJA"
Tanto Francisco Rivera como Branco han incidido en el "cambio de criterio" de la Xunta al incluir una disposición adicional que modifica la Ley de Comercio aprobado previamente. "Trabaja para las grandes superficies", ha denunciado el parlamentario nacionalista, quien ha advertido de que la nueva norma "nace vieja, no da respuesta al consumo actual y mantiene criterios de discriminación lingüista y sexista".
"No hay ninguna defensa de la lengua gallega como idioma del país", ha recriminado el nacionalista, quien se ha preguntado a dónde va a acudir un usuario que pretenda reclamar en gallego si adquiere un servicio o producto en la propia comunidad y no puede hacerlo en su idioma. Asimismo, ha incidido en que no se regula suficientemente la transacción de productos financieros, hacia los que existe "un desconocimiento bestial".
"No entiendo por qué no se busca una discriminación positiva para este tipo de producto", ha reflexionado el nacionalista, quien ha coincidido con Francisco Rivera en que no abordan tampoco las nuevas modalidades de consumo como el que se produce a distancia.
Igualmente, se ha preguntado si cuando entre en vigor esta ley el Servicio Galego de Saúde (Sergas) aplicará la puesta a disposición de un teléfono "gratuito" y de "atención personalizada" en vez de "la máquina que interroga" actualmente, ha denunciado, a los usuarios de la comunidad.
EXTRAER "RENTABILIDAD POLÍTICA"
Frente a las críticas de la oposición, Romero ha defendido esta norma como "imprescindible" para hacer frente a la proliferación de prácticas "novedosas" de consumo y muchas veces "agresivas". Al tiempo, ha asegurado no entender el rechazo de la oposición, que dejó "una ley obsoleta", a la nueva norma, que "cumple" y lo hace "sin coste añadido" para las arcas autonómicas, al ser elaborada por funcionarios del IGC.
Dicho esto, ha asegurado que es "falso" que presente "deficiencias" en la defensa del consumidor ni tampoco en la definición de conceptos básicos de consumo --como denunciaron los portavoces de PSdeG y BNG--, al tiempo que ha contestado a Branco que el Sergas "no entra en el ámbito de aplicación de esta ley" puesto que en la administración pública sólo se considera funcionamiento empresarial si se trata "de un suministro o servicio de carácter privado", que no es el caso.
Por otra parte, ha defendido que la ley de protección del consumidor se formula "en el ámbito de competencia exclusiva" de la comunidad, "con respeto a la Constitución y al Estado" y que, por tanto, no entra a regular las contrataciones de productos o servicios bancarios ni de seguros.
Así las cosas, ha insistido en que la mayor parte de las contrataciones de participaciones preferentes se produjo durante la etapa de Gobierno socialista y ha pedido a socialistas y nacionalistas que no intenten extraer "rentabilidad política" de esta cuestión, puesto que, ha alegado, si se hubiese aprobado "antes" una ley similar a la nueva gallega "se podrían haber evitado abusos".
CONTENIDO DE LA NORMA
La norma superó el pasado 15 de marzo el último trámite previo a su aprobación definitiva en pleno, tras recibir luz verde el informe de la ponencia en el que se incorporaron 26 enmiendas de los grupos de la oposición y las 27 presentadas por el PPdeG. Todos los grupos celebraron este martes que hubo "debate" en su tramitación, a diferencia "de lo que ocurre habitualmente", según PSdeG y BNG.
Entre los aspectos que regula, la nueva ley incluye un régimen de sanciones propio, además de estipular que las compañías dedicadas a la prestación de servicios básicos, las que ocupen bienes del dominio público deberán tener oficinas físicas de atención al cliente y las que no, habrán de disponer de un número de teléfono gratuito y un correo electrónico.
Igualmente, se prevé la creación de la Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo, en el que se involucrará a los servicios médicos y a los órganos competentes en materia de trabajo para que "contribuyan a la seguridad de los consumidores".
