LUGO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) dictó una sentencia que anula un acuerdo de uno de los últimos consellos de la Xunta en funciones de Manuel Fraga (28 de julio de 2005), por el que se aprobaba el proyecto sectorial para construir una piscifactoría en Rinlo (Ribadeo), por parte de la empresa Acuinor.
Esta es la segunda resolución judicial en contra de esta planta acuícola que ha dictado en los últimos meses el TSXG y que hoy dio a conocer la portavoz de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), Adela Figueroa, y el abogado que se encargó de los contenciosos, Apolinar Gómez.
En una sentencia anterior, del 23 de septiembre de 2009, el TSXG ya había emitido otra sentencia en la que se pronunciaba en contra de la resolución de la declaración de impacto ambiental, a la que se une ahora un nuevo fallo judicial que anula la posibilidad de construir esta planta.
El hecho de que la declaración de impacto ambiental en que se sustentaba esta instalación ya fuera anulada previamente por otra sentencia, fue uno de los argumentos que tuvo en cuenta el tribunal, además de entender que no estaba justificada la ubicación en la servidumbre de protección de la zona de dominio público marítimo terrestre. La sentencia considera "inaceptable" la afectación medioambiental que el proyecto iba a tener en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), protegido por la Red Natura de la UE.
El letrado de Adega concluyó que a la vista de ambas sentencias queda claro que resulta "inviable" la ubicación de este proyecto de acuicultura en la localidad de Rinlo, que se ubicaría en el LIC "As Catedrais".
Figueroa explicó que estas dos sentencias son las primeras que se fallan en Galicia a favor de un espacio de Red Natura y en contra de intereses privados, por lo que, advirtió, "constituyen un precedente que se puede aplicar con relación a otros proyectos que atenten probadamente contra la normativa europea que regula la conservación de hábitats de la Red Natura 2000".
El abogado lamentó que tuviera que ser Adega y no la administración quien hubiera demostrado, con informes, que había "un daño a la integridad del lugar y una fragmentación del espacio natural".
El letrado entendió, además, que es "inviable" que la empresa que tenía adjudicada la piscifactoría pueda exigir, tal y como había anunciado, una indemnización de 8,2 millones de euros. "En su momento reclamaron una indemnización a Adega y fue desestimada la demanda e incluso le impusieron las costas", concretó, para agregar que la empresa no cuenta con "ningún argumento que pueda esgrimir" para requerir una compensación y menos en una cantidad "tan desproporcionada".
