SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO. consultarán la propuesta, a la que se oponen AXG-CUT, CIG y STAJ porque los trabajadores ya dijeron "no"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno gallego ha decidido dar a los sindicatos de justicia un plazo de tres días que finaliza el viernes a las 14,00 horas para que se adscriban a su última oferta o, de lo contrario, los representantes de la Administración se verán "liberados de compromisos y de los ofrecimientos que se hicieron" y los órganos administrativos tomarán una decisión para cerrar el conflicto.
Así lo ha ratificado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, en declaraciones a los medios, tras la reunión de la mesa sectorial, que se ha prolongado sobre una hora y en la que el Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa exactamente la misma oferta que planteó el 26 de abril, con un único cambio: el de "retirar", explicaron los sindicatos, el artículo relativo a la votación de los trabajadores.
En concreto, la propuesta de la Administración se traduce en un aumento de 140 euros más al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza en este ejercicio una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.
También contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el TSXG y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria hayan o no secundando el paro.
Además, incluye una cláusula de revisión para mantener los emolumentos de por encima de la media de las otras 12 comunidades más el 'territorio Ministerio'.
Casi el 53 por ciento de los trabajadores dijeron en su día 'no' a esta propuesta que se sometió a votación después de la ruptura de la unidad sindical del 26 de abril, cuando SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO. aceptaron llevar a las asambleas la oferta de la Xunta, con el rechazo de los otros tres sindicatos del sector (Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ).
¿QUÉ PASARÁ EL VIERNES?
A las puertas de que se cumplan los cien días de una huelga que, aunque formalmente no ha sido desconvocada sí está de facto suspendida, Martín ha abogado por esperar al viernes para ver qué deciden los sindicatos sin prejuzgar ni avanzar los siguientes pasos de la Administración. En todo caso, ha recordado que la mesa sectorial es paritaria --con peso igual de sindicatos y Xunta, solo que el presidente (él, en este caso) tiene voto de calidad--.
Esto supone que, llegado el caso, si ningún sindicato se adscribe y la apoya, la Xunta podría aplicar unilateralmente su oferta, aunque tanto el director xeral de Xustiza como su homólogo de Función Pública, José María Barreiro, han rechazado "adelantar acontecimientos" y han apelado a esperar hasta el viernes. De hecho, Barreiro ha advertido que "cualquier posibilidad está abierta", es decir, el Gobierno gallego también podría "no aplicar" su oferta.
"La Xunta se sentiría liberada de cualquier compromiso", se ha reafirmado Barreiro, mientras Martín ha subrayado que el objetivo debe ser cerrar el conflicto, en la línea de lo que demanda la sociedad e incluso, ha recalcado, el propio colectivo de funcionarios.
DEROGAR LOS SERVICIOS MÍNIMOS
Y es que el mensaje también lo ha subrayado en esta jornada el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien antes del encuentro de la mesa sectorial, trasladó a los medios que, una vez que la huelga "ya no está vigente y ya acabó" porque ha sido "interrumpida", el objetivo es "acabar con el conflicto".
Por eso, ha vuelto a defender el foro elegido de la mesa sectorial y no hablar con un comité de huelga en el que ya solo participan de forma activa cuatro sindicatos (SPJ-USO y los tres que en su día rechazaron la oferta de la Xunta). Al tiempo, ha subrayado que, en su día, "ya hubo una votación" en la que los trabajadores, afirma, "no pudieron" participar "con normalidad".
Por ello, ha insistido en que toca "acabar con el conflicto sin más trámites" y, si es posible, "que esta misma semana todo esto sea ya historia". Entre tanto y al entender que la huelga "no tiene vigencia", ha avanzado que la Xunta procederá a derogar los servicios mínimos --para los que, hasta ahora, estaban reservados 775 funcionarios--.
POSTURAS DE LOS SINDICATOS
Por parte de los sindicatos, las posturas que han manifestado a la salida del encuentro son divergentes. Así, UGT, CC.OO. y CSIF prevén someter la oferta a la decisión de sus afiliados; SPJ-USO tiene que decidir que hacer, pero apostaría por que hablasen los trabajadores en su conjunto; mientras que Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ inciden en que los trabajadores "ya se pronunciaron" y dijeron "no" a esta oferta en votación.
Julio Bouza (de SPJ-USO) ha advertido del "importante error" que comete la Administración al llevar a la mesa sectorial "la misma propuesta" a la que los trabajadores "ya dijeron que no". Aunque inicialmente este sindicato fue uno de los que aceptó el preacuerdo, Bouza ha matizado que, tras pronunciarse las asambleas, USO "defendió y admitió ese no".
Ahora, a lo largo de la jornada, decidirá qué paso dar ante el ultimátum de la Xunta, aunque Bouza ha avanzado que el objetivo del sindicato mayoritario es que los trabajadores puedan ser consultados. De hecho, se ha mostrado muy crítico con que la Xunta "elimine el artículo" de la propuesta relativo a "dar voz" a los funcionarios.
En el polo opuesto se ha situado el segundo sindicato en representación y Pablo Valeiras (AXG-CUT) ha denunciado el "rodillo" de la Xunta con el popular Alberto Núñez Feijóo. "No hay ningún acuerdo, es una imposición", ha esgrimido Valeiras, quien ha recordado que los trabajadores ya dijeron que "no" a la propuesta que está sobre la mesa. Ha adelantado más movilizaciones y ha finalizado con una proclama: "el conflicto está vivo".
"La Xunta trajo la misma propuesta que se llevó a votación aquel infausto día y no ha variado absolutamente nada", ha constatado Manuel Díaz (UGT), quien ha precisado que la Xunta "se cierra a negociar", por lo que su sindicato consultará a sus afiliados. Lo que hagan el resto de sindicatos "es cosa suya", sostiene.
También Manuel Valle y José Antonio Sotelo, de CSIF, han incidido en que se consultará con sus afiliados la postura a adoptar. Han precisado, en todo caso, que "no hay ningún cauce legal para la suspensión" de la huelga, que "o se desconvoca o no, y no está desconvocada".
Enrique Araújo (STAJ) ha lamentado que la Xunta quiera "acabar con el conflicto humillando a los trabajadores y a los sindicatos". Ha insistido que el acuerdo tiene que darse en el comité de huelga y se ha reafirmado en que, para su sindicato, "sigue teniendo validez" la votación del 27.
En la misma línea, Óscar Freixedo (CIG) ha calificado de "pucherazo y cacicada" lo ocurrido en la mesa sectorial y ha avanzado que su sindicato no está por la labor de "participar en una maniobra orquestada". A su juicio, todo apunta "a que la Xunta tiene todo amañado con dos organizaciones sindicales" y "no se sabe si con cuatro" (en alusión a las que firmaron en su día el preacuerdo", por lo que CIG no participará en lo que ve "un esperpento y un fraude de ley".
Finalmente, Tino Novoa (de CC.OO.) ha ratificado que la Xunta "sorprende con más de lo mismo", ha criticado que los representantes de la Administración sean "tan cicateros" y ha avanzado que este miércoles consultará a sus afiliados.
