CCOO convoca huelga en la Administración de Justicia para el próximo 8 de octubre

Publicado 07/07/2014 18:46:49CET

MADRID, 7 Jul. (EUROP APRESS) -

CCOO sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha anunciado en rueda de prensa la convocatoria de una huelga el 8 de octubre en toda la Administración de Justicia -en la que trabajan cerca de 45.000 personas-, contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia, tras la decisión del Gobierno de privatizar los registros civiles y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Adelantan también que para el día de la inauguración del año judicial, a mediados de septiembre, se promoverá la celebración de un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones sindicales, colectivos jurídicos y ciudadanos con el mismo objetivo.

El sindicato considera que la aprobación de la privatización de los registros civiles por el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio ha sido un durísimo golpe a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de Justicia.

Asimismo denuncia que los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, que habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes y posiblemente en el futuro por determinadas inscripciones y certificaciones, y que se perderán cerca de 4.000 empleos públicos.

Para CCOO, en las medidas del Gobierno no existe ninguna intención de modernizar ni de mejorar la Administración de Justicia, sino que "sólo persiguen los objetivos de recortar este servicio público y de ejercer un control político del poder judicial, dictando normas contrarias a la garantía de su independencia", según señaló en un comunicado.

Frente a estas propuestas del Gobierno, que según la central suman a las medidas de recortes de los servicios públicos que siguen la estela de las que ya se han aplicado en servicios esenciales como la Sanidad y la Educación, CCOO propone una reforma en profundidad de la Administración de Justicia cercana a la ciudadanía y que garantice el acceso a la tutela judicial efectiva, "en condiciones de igualdad, gratuidad y universalidad, dotando para ello a este servicio de los medios materiales, tecnológicos y de personal que sean necesarios".

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