PALMA DE MALLORCA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, ha defendido este jueves que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal ya que, según ha ejemplificado, "entre un 75 por ciento y un 80 por ciento de los delitos económicos se comenten en el marco de la empresa".
Así lo ha manifestado durante su ponencia sobre el delito de blanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ha tenido lugar durante las V Jornadas sobre prevención y represión del blanqueo de capitales organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib).
Navarro Miranda también ha defendido la posición recomendada por la Unión Europea (UE) de que en el caso de delitos cometidos por personas jurídicas -empresas, sindicatos o partidos políticos, entre otros- "las sanciones sean penales y no meramente administrativas".
A pesar de esto, también ha diferenciado "distintos supuestos" y ha expresado que "no todas las sanciones" se podrían imponer a empresas jurídicas como los colegios profesionales o los de abogados.
Además, ha recalcado que "la responsabilidad penal de las empresas es absolutamente autónoma de la exigible a una persona física, hasta el punto de que a una persona física no se le pueda exigir responsabilidad" cuando sí se le exige a una persona jurídica a la que esté vinculada.
Antes que Navarro Miranda, ha intervenido el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, con una ponencia titulada 'La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los tipos penales de blanqueo de capitales'.
En la inauguración, que ha tenido lugar ante 250 personas en la sede del Colegio de Abogados de Palma, también han intervenido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Terrasa, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera.
Por su lado, Ortega Benito ha censurado que las actividades que "subyacen al blanqueo de capitales llegan a socavar los cimientos del Estado de Derecho puesto que sus consecuencias se traducen en un recorte de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, con la consiguiente merma de las garantías democráticas".
Así, ha incidido en la necesidad de "trabajar y avanzar en la prevención de este delito" y ha destacado "el importante papel que juega la abogacía en este asunto", si bien, ha considerado que la prevención y persecución de estos delitos debe de tener "siempre presente la salvaguarda de un principio fundamental, como es el derecho de defensa".
