MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso número 4 de Las Palmas de Gran Canaria no ha admitido a trámite las medidas urgentes solicitadas por la defensa de Aminetu Haidar para que se disponga lo necesario para que ésta pueda volver a casa y reunirse con su hija, según informó hoy Inés Miranda, abogada de la activista saharaui.
El juzgado de Las Palmas argumenta que no existe "ningún carácter de urgencia" para la adopción de las medidas solicitadas por la defensa de Haidar, que lleva desde el 16 de noviembre en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, y recuerda que la activista saharaui se encuentra en esta situación por voluntad propia, explicó Miranda.
La abogada defensora señaló que este juzgado está "desoyendo la situación en la que se encuentra su defendida" y, en este sentido, recordó "la imposición de entrada en España contra su voluntad, prohibición de salida de España, prohibición de reunirse con su familia, prohibición de volver a su casa y a su ciudad y el estado de huelga de hambre que mantiene desde hace ya 12 días".
El juzgado de Las Palmas, explicó Miranda, considera que son razones que obedecen exclusivamente a la voluntad de Haidar, que, si quisiera, podría actuar de otra forma.
Además, la letrada denunció el "permanente estado de vulneración de los derechos humanos" de su defendida. En este sentido, señaló que ha presentado quejas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ante la negativa del Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife (Lanzarote) de remitir las notificaciones sobre este caso a la defensa. Advirtió, además, de que se reserva la opción de llevar a cabo "las acciones que correspondan" contra la titular de dicho juzgado.
En este sentido, Miranda denunció que la titular del citado juzgado de Arrecife "prohíbe toda notificación a la defensa de Aminetu Haidar, a pesar de estar personada en legal forma", algo que, señaló, "implica una nueva vulneración del más elemental derecho, que es el de defensa, en tanto que no se permite a la parte conocer el estado de las actuaciones".
En esta misma línea, la abogada explicó que "sólo conoce de forma verbal" a través "de un funcionario del juzgado" que el procedimiento derivado de la denuncia se ha remitido a la Audiencia Nacional, "desconociendo las causas" al negársele la notificación del acto de inhibición.
Asimismo, Miranda denunció la "detención arbitraria y la expulsión" de la activista saharaui del Sáhara Occidental, "contraviniendo el contenido del pacto internacional de derechos civiles y políticos, ratificado por Marruecos en 1979 y, por tanto, parte de su ordenamiento jurídico interno".
Por último, lamentó la actitud "contraria a derecho" por parte de España, a la que acusa de vulnerar "la Constitución Española, la ley legislación en materia de extranjería y la Declararon Universal de los DD.HH., en tanto en cuanto obligó a Aminetu a entrar en el país y le prohíbe la salida del mismo, vulnerando su derecho de libre circulación, entre otros".