BOGOTÁ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diálogo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afronta su mayor crisis desde su inicio, hace justo dos años, poniendo en peligro los acuerdos parciales a los que han llegado para acabar con un conflicto que dura ya más de medio siglo.
La mesa de negociaciones de La Habana se rige por la agenda de paz pactada durante los primeros contactos oficiales entre Gobierno y FARC, en octubre de 2012 en Oslo, y que abordan dos delegaciones conformadas por un máximo de 30 miembros cada una.
La agenda de paz tiene seis puntos: desarrollo agrario y rural, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, reconocimiento y reparación a las víctimas, fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación del acuerdo de paz.
Los equipos negociadores de Gobierno y FARC ya han conseguido cerrar acuerdos en torno a los tres primeros puntos --desarrollo agrario y rural, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas--. A continuación desgranamos su contenido:
DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
El primer resultado tangible del diálogo de paz llegó el 26 de mayo de 2013 con el acuerdo sobre desarrollo agrario y rural, uno de los puntos más importantes para la guerrilla, ya que las precarias condiciones del campo colombiano están en la génesis de las FARC.
"La Reforma Rural Integral (RRI) sienta las bases para la transformación estructural del campo y crea las condiciones de bienestar para su población, contribuyendo de esa manera a la construcción de la paz", explican Gobierno y FARC en el borrador conjunto.
La clave de este acuerdo es la creación de un Fondo de Tierras, "con el propósito de lograr la democratización en el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa".
El Fondo de Tierras tendrá una cantidad de hectáreas durante un número de años, aún por fijar, que distribuirá de forma gratuita entre dichos beneficiarios y que provendrán de "tierras recuperadas a favor de la nación" mediante "expropiaciones por motivos de interés social o utilidad pública con la correspondiente indemnización" o extinciones de dominio, así como de tierras inexplotadas y donadas.
Además, se llevará a cabo una "formalización masiva de la pequeña y la mediana propiedad rural" y se crearán otros mecanismos para promover el acceso a la tierra, tales como un subsidio integral y un crédito especial para la compra de tierras.
Este nuevo mapa del campo colombiano, que contará con una "frontera agrícola", no podrá cambiarse en siete años, durante los cuales todos estos terrenos serán inalienables e inembargables, aunque en el caso de que se hiciera un mal uso de los mismos el Estado los recuperaría.
La RRI no se agota en el reparto de tierras, sino que contempla también la puesta en marcha de una jurisdicción especial y de un conjunto de planes nacionales que garanticen al mismo tiempo una explotación agropecuaria adecuada y el acceso de la población rural a servicios públicos para "una vida digna".
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Hubo que esperar hasta el 6 de noviembre de 2013 para que Gobierno y FARC dieran un paso más hacia el fin del conflicto con la firma del segundo acuerdo parcial, esta vez, sobre participación política.
A este respecto, las partes proponen "una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y fortalecer la representación de las diferentes visiones con las debidas garantías".
Ello pasa por una reforma electoral para "asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral", lo cual correrá a cargo de una comisión de expertos que se basará en las "buenas prácticas nacionales e internacionales".
Destaca la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para las zonas más afectadas por el conflicto. Sus habitantes elegirán, además de a los legisladores de su departamento, como ocurre actualmente, otros por dichas circunscripciones, aunque solo por un determinado número de legislaturas, aún por concretar.
Además, se creará un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales para las circunscripciones con mayor riesgo de fraude electoral y "se fortalecerá la capacidad de investigación y sanción de delitos y faltas electorales y de la infiltración criminal en la vida política".
Este acuerdo parcial contempla también la elaboración de un estatuto de la oposición, que se complementará con un Sistema Integral de Seguridad "para garantizar los derechos y las libertades y prevenir y neutralizar cualquier violencia contra quienes ejercen la política, especialmente para que no resurjan grupos de tipo paramilitar".
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS
El pasado 16 de mayo los equipos negociadores de Gobierno y FARC sellaron su último acuerdo parcial, sobre el problema de los cultivos ilícitos de droga, uno de los temas más importantes de cara al fin del conflicto, ya que el narcotráfico constituye la principal fuente de financiación de la guerrilla.
Las partes reconocen que "el cultivo y la comercialización de drogas ilícitas han financiado el conflicto y que las instituciones han sido afectadas por la corrupción asociada al narcotráfico". Las FARC, en concreto, se comprometen a "poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".
Esto se traduce en la creación de un Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que dará prioridad a las sustituciones voluntarias y, como último recurso, a la erradicación forzosa de cultivos ilegales. No obstante, se respetarán los cultivos ancestrales con "usos médicos y científicos".
De forma paralela, el Gobierno pondrá en marcha una serie de programas nacionales para garantizar "el buen vivir" de las comunidades campesinas que tenían en estos cultivos ilícitos su medio de subsistencia.
Además de la erradicación de los cultivos ilícitos, se llevará a cabo un programa de desminado en el que Gobierno y FARC contribuirán "en lo que le corresponde a cada cual, incluyendo el suministro de información".
También se prevé un cambio radical en la lucha contra las drogas que pasa por concebir el consumo como un problema de salud pública y fortalecer los medios para la persecución del crimen organizado. En este punto, el Gobierno se compromete a renunciar a la acción penal contra los pequeños agricultores.
¿QUÉ QUEDA POR ACORDAR?
Desde el pasado 12 de agosto, las partes negocian el reconocimiento y la reparación a las víctimas, para lo cual ya han viajado hasta La Habana varias delegaciones de personas afectadas por el conflicto, en lo que constituye un hecho histórico.
Además, un grupo de altos cargos militares y otro de jefes guerrilleros han instalado una mesa de negociaciones paralela para ir adelantando las conversaciones sobre el fin del conflicto, que incluye cuestiones tan sensibles como la dejación de las armas.
Aún queda, por tanto, sentarse a hablar del último punto: refrendación, implementación y verificación del acuerdo de paz. Se espera una negociación dura porque las FARC piden una Asamblea Constituyente para ratificar estos acuerdos, mientras que el Gobierno se muestra partidario de una consulta popular.
A pesar de que parece que las partes se encuentran ya en la recta final del proceso de paz, éste podría acabar en cualquier momento dejando en papel mojado los compromisos ya alcanzados, dado que Gobierno y FARC negocian bajo el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".
