El apartheid de República Dominicana

Ciudadanos con origen haitiano de República Dominicana reclaman sus derechos
Foto: ENTRECULTURAS
 
Actualizado 21/03/2015 9:54:02 CET

MADRID, 21 Mar. (Por Valeria Méndez de Vigo y Teresa Cruz, del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas (@Entreculturas) -

   Hace poco tuve la oportunidad de visitar el impactante museo del apartheid en Johannesburgo, en el que se expone de manera muy visual la opresión y vulneración de derechos que sufrió la población negra en Suráfrica durante el régimen del apartheid.  Recordé especialmente a la población dominicana de ascendencia extranjera (haitiana), a la que, en septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana despojó retroactivamente de su nacionalidad mediante la sentencia  163/2013.

   Las consecuencias para cerca de 250.000 personas fueron terribles, porque en Dominicana, no puedes acceder a servicios sociales básicos, suscribir un contrato de trabajo, ir a la Universidad, salir al extranjero o casarte, por ejemplo, si no tienes cédula de identidad. La sentencia colocaba a estas personas en un limbo jurídico.  "El que está indocumentado, está muerto", señala Altagracia Medina, del movimiento Reconoci.do, que aglutina a las personas afectadas. "La desgracia más grande es ser pobre, negra y proceder de un batey" (barrios donde residían haitianos cortadores de caña), añade Rosa Iris, también de Reconoci.do.

"SOLUCIONES" PARA LAS PERSONAS AFECTADAS

   Las movilizaciones de las organizaciones sociales y los numerosos pronunciamientos de organismos internacionales de Derechos Humanos provocaron la aprobación, en mayo de 2014 de la Ley 169-14 sobre Régimen Especial y Naturalización, que aunque las personas afectadas no consideraban totalmente satisfactoria, sí que suponía un paso adelante.

   La Ley distinguía dos categorías de personas afectadas: el grupo A, aquellas personas nacidas en Dominicana e inscritas en el Registro Civil, y el grupo B, las nacidas en el país, pero no inscritas. A las personas del grupo A, la ley les reconocía expresamente su nacionalidad, sin necesidad de realizar trámite administrativo alguno. Sin embargo, según las personas afectadas, en muchos casos, la Junta Electoral Central denegó las actas de nacimiento, reteniendo la documentación, y  estableciendo requisitos y procedimientos que  violaban lo establecido en la propia Ley.

   Las personas del grupo B debían acreditar documentalmente haber nacido en el país e inscribirse en un Libro de Extranjería en el Registro para ser regularizadas y, dos años después, podrían solicitar la naturalización. La ley remitía al Reglamento 250-14, de 23 de julio, que establecía los requisitos procedimentales y fijaba un plazo de tres meses --prorrogado posteriormente por tres meses más-- para iniciar los procesos de regularización. Estos plazos han vencido, definitivamente, el pasado 1 de febrero.

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ROTUNDO FRACASO

   Pues bien, tal y como señalan las personas afectadas, agrupadas en torno a la Plataforma Dominican@s por Derecho y el Movimiento Reconoci.do, la puesta en práctica de la ley ha resultado un rotundo fracaso, porque de las 50.000 personas que podían acogerse al plan de naturalización, apenas 7.855 hicieron la solicitud. Ello se debe a multitud de trabas burocráticas, desinformaciones, restricciones de horarios y escasez de oficinas habilitadas, entre otros factores.

   Miles de personas han quedado sin documento de identidad alguno, con una apatridia "formalizada", sin un Estado que responda por ellas, y con un riesgo elevado de ser deportadas a Haití,  país en donde no nacieron ni  vivieron jamás, explica  Roque Feliz, del Centro Bonó. De hecho, diversas organizaciones han denunciado que se están llevando a cabo deportaciones masivas en las que los agentes de migración siguen un perfil étnico sin detenerse a considerar la documentación de las personas afectadas.

OLA DE ODIO Y XENOFOBIA

   Actualmente la isla vive una alarmante ola de odio y xenofobia. Se han producido diversas acciones violentas que han aumentando la división entre su población. Han aumentado las amenazas y actos de intimidación contra las personas de ascendencia haitiana y personas y periodistas que defienden los derechos de esta población.

   Hoy 21 de marzo es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, una oportunidad para dar voz a este apartheid de República Dominicana y renovar nuestro compromiso de construir un mundo de justicia e igualdad, en el que no existan la xenofobia ni la intolerancia.

LA URGENCIA DE ADOPTAR NUEVAS MEDIDAS

   En este contexto, la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana sigue sin solucionarse. "La Ley 169-14 nos ha dejado en una condición de indefinición que las autoridades no terminan de aclarar", denuncia el Movimiento Reconoci.do.

   Resulta urgente la adopción de medidas realistas, eficaces y conformes con los Derechos Humanos. Que se eliminen las prácticas discriminatorias que están produciéndose por parte de la Administración pública, de modo que se reconozca la nacionalidad de las personas inscritas y también que se arbitre una solución justa y conforme al Derecho Internacional para las no inscritas porque, tal y  como indica Juan Alberto Antuam, uno de los afectados, "no estamos mendigando derechos, estamos exigiendo algo que nos corresponde".

ALLÍ ESTAREMOS

   Además de un símbolo de la vulneración de derechos contra la población negra, el museo del apartheid de Johannesburgo representa las luchas de los movimientos sociales por la consecución de sus derechos, sin recurrir al odio ni a la venganza.  Ojalá que en República Dominicana y en muchos otros lugares del mundo, estos movimientos sociales continúen luchando pacíficamente por la consecución de la justicia y la igualdad para todas las personas. Allí estaremos para apoyarlos.