Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 16/02/2010 06:23
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tramitará este año una reforma del poder judicial con la que el Gobierno de Evo Morales pretende "erradicar" los males "endémicos" que afectan a la justicia boliviana, informó este lunes la ex presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente y actual diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado.
Con esta medida, el Gobierno pretende acometer una reforma estructural con la que acortar los retrasos en los juicios, eliminar la corrupción existente en los tribunales y propiciar que los fallos judiciales sean ecuánimes, indicó Delgado. Además, la asambleísta señaló que la propuesta tiene como objetivo "viabilizar" la revolución estructural del sistema judicial que pretende Evo Morales.
La recién estrenada Asamblea Plurinacional boliviana elaborará las nuevas leyes del órgano judicial en todas sus instancias, "a fin de derrotar los males que abaten a la administración de justicia desde hace decenas de años". Delgado recordó que la modernización de la judicatura se ha retrasado desde hace quince años debido a que los anteriores gobiernos no habían tenido la voluntad de erradicar la corrupción y los retrasos en la justicia.
"Tampoco se ha dado a los bolivianos una justicia equitativa y, contrariamente, se ha sumido al sistema en un mayor desprestigio y falta de credibilidad", agregó en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Además reveló que, según un estudio realizado por la Comisión de Justicia de la que era presidenta, el Gobierno se llegó a plantear la posibilidad de eliminar al Consejo de la Judicatura, el principal órgano de Gobierno del sistema judicial boliviano. "Finalmente se dispuso su continuidad, pero con la fijación de las tareas específicas que debe cumplir para garantizar su permanencia", anotó.
Según un estudio realizado por el Gobierno boliviano en 2006, la corrupción, la impunidad, los retrasos y los usos irregulares de los fondos públicos "corroen" al sistema judicial del país, informa ABI. Aquel documento también destacaba la liberación irregular de condenados por corrupción, la obstrucción y dilación de los procesos y la existencia de sentencias contrarias a la ley.