MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha instado hoy al Gobierno, a iniciativa de CiU, a que establezca y reconozca "en un plazo de seis meses" medidas compensatorias para los españoles --o sus herederos-- que perdieron sus bienes inmuebles y negocios como consecuencia de la descolonización y posterior evacuación forzosa de Guinea Ecuatorial.
A esta proposición no de ley votada hoy en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso se le añadió una enmienda del Grupo Socialista, que también fue aprobada, por la que se pide al Ejecutivo que preste asistencia consular a aquellos ciudadanos que decidan acudir a los tribunales ecuatoguineanos en defensa de sus intereses.
Esta iniciativa, que fue defendida por el diputado de CiU Jordi Xuclà, reclama también al Gobierno que publique el censo de perjudicados en el proceso de descolonización.
Tras la independencia de Guinea Ecuatorial en octubre de 1968, el Gobierno ordenó en febrero del año siguiente la evacuación urgente de todos los ciudadanos españoles residentes en Guinea Ecuatorial, que tuvieron que dejar atrás todos sus bienes.
Después del golpe de Estado de 1974, el presidente Teodoro Obiang pidió a los propietarios españoles, especialmente a los agricultores, que volvieran a Guinea y pusieran de nuevo en funcionamiento las plantaciones que quedaron abandonadas.
Algunos españoles volvieron a sus fincas e invirtieron para sacarlas adelante pero este intento terminó en fracaso debido a que el café y el cacao recolectado quedaba intervenido en su exportación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, que liquidaba al propietario el 10 por ciento de su valor en el mercado internacional.
Para los propietarios se convirtió en inviable la explotación de sus fincas y en su mayoría abandonaron los terrenos al cabo de dos años. Esas hectáreas las fueron ocupando ciudadanos guineanos y se consumó así la expoliación iniciada años antes, relata CiU en la exposición de motivos de la iniciativa.
Los ciudadanos españoles que abandonaron Guinea Ecuatorial no recibieron indemnización alguna, salvo una "mínima cantidad en concepto de ayuda social", subraya CiU. Tampoco se les concedió ningún crédito para que pudieran resarcirse en parte del perjuicio económico causado por el abandono del Gobierno de la época ni para ayudarles a rehacer su vida en España.
