El presidente francés viajará este miércoles a Marruecos en su primera visita oficial al país
RABAT, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de francés, François Hollande, debería instar al Gobierno de Marruecos, tradicional aliado de Francia, a realizar nuevas reformas en materia de Derechos Humanos durante su primera visita oficial al país, según ha señalado este martes la organización Human Rights Watch (HRW).
Según HRW, durante sus reuniones con las distintas personalidades políticas marroquíes, el presidente de Francia debería abordar las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país, además de las torturas a los presos, las restricciones a la libertad de reunión, asociación y expresión y el fenómeno de la explotación infantil en la región.
"Aunque actualmente el panorama político de Marruecos se caracteriza por una apertura considerable, Hollande debe presionar en aquellas áreas donde las reformas no alcanzan los estándares internacionales", ha afirmado la directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson. "Francia, el socio comercial más importante de Marruecos, puede desempeñar un papel fundamental al poner de relieve los abusos cometidos por las fuerzas marroquíes e instando al Gobierno a emprender nuevas reformas", ha subrayado.
El rey Mohammed VI, en respuesta a los movimientos en favor de la democracia de la Primavera Árabe y las manifestaciones para promover reformas en Marruecos, propuso en junio de 2011 enmiendas constitucionales con considerables garantías para los Derechos Humanos, si bien no restringían significativamente la autoridad del propio monarca.
Sin embargo, tal y como denuncia HRW, estas reformas todavía no han sido incorporadas en la legislación y práctica jurídica del país. Por este motivo, y según la organización, Hollande está en la obligación de trasladar a las autoridades marroquíes las preocupaciones de la comunidad internacional con respecto a la consecución de la igualdad y la garantía de los derechos fundamentales en el país.
En su próxima visita al país, que comenzará este miércoles, Hollande espera reunirse en Rabat con el rey de Marruecos, Mohamed VI, y dirigirse al Parlamento. En su viaje, Hollande estará acompañado por algunos de los miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, y la ministra del Derecho de las Mujeres y Portavoz del Gobierno, Najat Vallaud Belkacem.
CADENA PERPETUA A NUEVE SAHARAUIS
El pasado domingo 17 de febrero, el tribunal militar de Rabat que tramitaba el caso de 24 saharauis implicados en los disturbios por el desalojo en 2010 del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, condenó a cadena perpetua a nueve saharauis. Además, condenó a 30 años de prisión a cuatro personas, ocho procesados a 25 años de cárcel y a dos personas a 20 años.
La defensa, en su alegato final, pidió la absolución de todos ellos por considerar que no existían pruebas válidas en su contra, que no tenían intención criminal y que no había hechos constitutivos de delito. En ese sentido, consideró que las declaraciones verbales supuestamente obtenidas por la Policía Judicial en las que los acusados se autoinculpaban eran falsas o habían sido obtenidas mediante coacción o tortura.
El campamento de Gdeim Izik fue levantado en octubre de 2010 para denunciar la discriminación y las violaciones de Derechos Humanos que sufre la población saharaui y fue desmantelado el mes siguiente por las fuerzas de seguridad marroquíes, que detuvieron a unas 3.000 personas. En el momento del desalojo había 8.000 personas acampadas, una cifra que llegó a ser de 40.000 en el momento álgido de la protesta, cuando ondearon banderas de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN
En teoría, la nueva Constitución marroquí, aprobada en referéndum en julio de 2011, elimina parte de las competencias que hasta entonces tenía el rey, cuya figura deja de ser "sagrada". Por otra parte, la nueva Carta Magna establece la igualdad de hombres y mujeres en "los derechos y libertades de carácter civil, político, económico, social, cultural y medioambiental" y el compromiso del Estado a actuar para lograr de forma efectiva la paridad.
El texto recoge igualmente un "arsenal de derechos y libertades digno de las sociedades democráticas avanzadas", en palabras del embajador marroquí en Madrid, Ahmadou Souilem. Así, enumera, entre otros, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
También están garantizadas "las libertades de pensamiento, opinión y expresión bajo todas sus formas", así como el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de la Administración pública, al igual que a la libertad de prensa. En cuanto a esta última, la nueva Constitución subraya que "no puede ser limitada por ninguna forma de censura previa" puesto que "todos tienen el derecho de expresarse y difundir libremente bajo los límites expresamente previstos por la ley". Asimismo, se garantiza la "libertad de reunión, asamblea, manifestación pacífica, asociación y afiliación política y sindical".
Sin embargo, en un informe anual presentado el pasado mes de marzo por la Comisión Europea, que evalúa los avances de los países a los que la Unión Europea apoya a través de su política de vecindad, Bruselas indicó que "los progresos en la puesta en marcha efectiva de la nueva Constitución han sido limitados" en Marruecos, y pidió que este año se "acelere".
Por su parte, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles de Naciones Unidas, Juan Méndez, declaró después de su visita a Marruecos el pasado mes de septiembre que "en la práctica, la defensa contra la tortura no estaba garantizada" en el país.
