MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso General Nacional libio debería votar en contra de la aprobación del último borrador de una nueva ley, que recibe el nombre de Ley de Aislamiento Político, por la cual se prohíbe a los funcionarios de la era Gaddafi ocupar cargos públicos, según ha recomendado este sábado la ONG Human Rights Watch (HRW). Para el grupo, la redacción de la norma incluye criterios "vagos" que no dan suficiente garantía jurídica.
"Los libios tienen derecho a esperar que aquellos funcionarios que abusaron de su posición bajo el régimen de Gadafi para cometer crímenes o violar los Derechos Humanos sean destituidos y que no se les permita nunca más acceder a un cargo público", ha declarado la directora para Oriente Próximo y Norte de África de HRW, Leah Whitson. "Sin embargo, esta ley es demasiado vaga ya que podría impedir que cualquier persona que haya trabajado alguna vez para las autoridades durante las cuatro décadas del régimen de Gadafi" acceda a un cargo público, ha añadido Whitson.
Durante meses, el Congreso libio ha debatido el proyecto de ley entre un aumento de las tensiones y las polémicas. El pasado 28 de abril, los miembros de milicias armadas rodearon el Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital del país, Trípoli, y dos días después rodearon el Ministerio de Justicia para reclamar la destitución de los funcionarios que ocuparon algún cargo público durante el régimen del exlíder libio Muamar Gadafi, antes de que éste fuera derrocado en 2011.
La última versión del proyecto de ley, que ha sido publicada en la página web del Congreso, incluye a todas aquellas personas que ocuparon algún puesto de funcionario desde el 9 de septiembre de 1969, día del golpe de Estado del entonces coronel Gadafi, hasta el 23 de octubre de 2011, el día de su muerte.
El 9 de abril, el Congreso aprobó una enmienda del Pacto Constitucional, la Constitución provisional libia, por la cual se excluye cualquier posibilidad de revisar la Ley de Aislamiento Político una vez que ésta sea aprobada. Dicha enmienda no permitiría que el Tribunal Supremo del país pueda derogar la polémica ley.
"Los legisladores libios deberían afianzar las garantías legales para asegurar que las leyes que violan los Derechos Humanos y la Constitución provisional puedan ser declaradas inválidas, no eliminar dichas protecciones para 'inmunizar' proyectos de ley cuestionables ante revisiones judiciales", ha manifestado la directora para Oriente Próximo y África del Norte de HRW.
Según la ONG, el proyecto de ley violaría la Carta Magna provisional de Libia así como las obligaciones del país para con el Derecho Internacional. Al formar parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Libia debe permitir a todos sus ciudadanos participar en la vida política del país en igualdad de condiciones, sin discriminar a nadie y sin imponer "restricciones indebidas".
"El Congreso General Nacional no debe permitirse ser coaccionado para elaborar leyes muy malas porque grupos de hombres armados lo estén solicitando", ha expresado Whitson. "Las perspectivas para la paz y la seguridad a largo plazo en Libia se verán gravemente afectadas si el Congreso decide aprobar esta ley", ha concluido.
