MÉXICO DF, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 7.296 personas han muerto en manos del crimen organizado desde que el presidente mexicano, Felipe Calderón, suscribió hace un año el Acuerdo Nacional por la Seguridad, lo que supone un aumento de 3.500 homicidios con respecto al año anterior a la firma de este convenio en el que todos los poderes del Estado, la Iglesia, la sociedad civil y los medios de comunicación se comprometieron a trabajar en conjunto para combatir la violencia promovida por el narcotráfico.
La cifra de muertes diarias se duplicó desde que entró en vigor este acuerdo el 21 de agosto de 2008, pasando de 10,5 homicidios por día a 20,10. Los meses más violentos fueron octubre y noviembre de 2008 cuando se registraron 791 y 729 fallecidos, respectivamente, mientras que junio fue el tercer mes con un total de 702 homicidios, según cifras divulgadas hoy por el diario mexicano 'El Universal'.
Los estados que registraron más hechos de violencia perpetrados por el crimen organizado son Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Baja California, donde los enfrentamientos entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad, los tiroteos a propiedades y las ejecuciones provocaron 6.700 muertes, lo que se traduce el 82,33 por ciento del total nacional.
A pesar del amplio despliegue del Ejército en el norte de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, se han contabilizado en esa entidad un total de 2.955 desde hace un año. Esta región se encuentra desde hace varios años sumergida en una ola de violencia, lo que ha obligado al gobierno de Calderón a reforzar la seguridad enviando unos 8.500 soldados, sin embargo, esto no ha contribuido a evitar el repunte de los hechos delictivos.
Según el rotativo, las cifras de incidentes revelan que la situación de violencia se recrudeció en los estados de Guanajuato, Veracruz y Michoacán, donde las fuerzas de seguridad locales informaron de decenas de ejecuciones, tiroteos y enfrentamientos con los miembros del crimen organizado.
Uno de los hechos más significativos en los últimos 12 meses, fue el hallazgo el 28 de agosto de 2008 de 12 cuerpos decapitados con signos de tortura en el estado de Yucatán. Dos semanas más tarde, fueron encontradas en el estado de México 24 personas ejecutadas con un tiro de gracia en la frente.
En este período han sido asesinados dos alcaldes y cinco presidentes municipales de diversos partidos políticos tanto de oposición como de gobierno. Un general del Ejército también fue ejecutado y, según las cifras divulgadas, unos 50 soldados han perdido la vida en emboscadas y enfrentamientos con el crimen organizado.
FRACASO
En un intento por frenar la ola de violencia que el año pasado dejó en México más de 6.500 víctimas, Calderón suscribió el pasado 21 de agosto un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la legalidad que involucra a varios sectores de la sociedad, y que establece que el Gobierno mexicano debe asumir 28 de los 75 compromisos establecidos.
A este respecto, la organización México unido contra la delincuencia aseguró que el convenio ha sido un "fracaso" porque de los 28 compromisos asumidos por Calderón sólo se ha cumplido uno, por lo que ha recibido una calificación de 5,2 sobre 10, en la evaluación realizada.
La presidenta de la organización, Ana Franco de Wattnem, explicó que durante este año "todo se redujo a una prioridad administrativa y no estructural" razón por la que se "fortaleció una burocracia especializada en control de gestión, orientada a llenar formularios y a no dar respuestas efectivas".
"Se ha perdido de vista que el objetivo no es solo atacar síntomas sino también las causas de la enfermedad", insistió Franco de Wattnem en declaraciones citadas por el diario mexicano 'El Economista'. "Estamos ante un estado de emergencia nacional por lo que es necesario hacer un balance y replanteamiento de las propias instituciones", agregó.
El Poder Legislativo ha cumplido "a medias" los siete compromisos asumidos en el convenio por lo que la organización decidió otorgarle un siete en su evaluación. Mientras que el Poder Judicial llegó a niveles "alto-medio", siendo el que más objetivos cumplió de todos los involucrados.
Los gobiernos locales y regionales fueron los peor calificados. Los estados apenas obtuvieron una calificación "media" en el desarrollo de sus acciones contra el crimen organizado, mientras que las 2.400 alcaldías recibieron una calificación de 0,9 sobre 10 por haber cumplido con rendimiento "bajo y nulo" los ocho compromisos asumidos.
