BOGOTÁ, 15 May. (Reuters/EP) -
Un fiscal de Perú ha ordenado la reapertura y ampliación de una investigación criminal sobre supuestas esterilizaciones forzadas a miles de indígenas.
Durante la década de 1990, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados durante un programa dirigido por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori para reducir la tasa de natalidad. El programa se centró en indígenas y habitantes pobres en áreas rurales del país.
Unas 2.073 mujeres dijeron a grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía.
En enero del 2014, poco después de que Perú cerrase una investigación sobre el programa de esterilización y exoneró a Fujimori y otros funcionarios de su gobierno diciendo que no se habían cometido crímenes contra la humanidad, grupos de Derechos Humanos presentaron una demanda.
En una notificación de 56 páginas dirigida a los grupos de Derechos Humanos fechada el 29 de abril, un fiscal estatal, Luis Antonio Landa Burgos, dijo que la investigación se extenderá para incluir nuevos testimonios orales de otras supuestas víctimas de esterilizaciones forzadas en otras áreas de Perú. El funcionario dio a los fiscales estatales tres meses para llevar a cabo las pesquisas.
"Hemos esperado mucho para que el Gobierno investigara estos 2.073 casos y haga responsable al expresidente Fujimori y su administración por estos abusos a los derechos reproductivos", ha señalado María Cedano, directora de la organización feminista peruana DEMUS, uno de los grupos que presentaron la denuncia.
Fujimori, quien está en prisión desde el 2007 por corrupción y abusos a los Derechos Humanos, dijo que las esterilizaciones eran voluntarias. Si bien la notificación no nombró a Fujimori y sus ex funcionarios como acusados, se espera que otra vez sus acciones sean rigurosamente examinadas, explican las ONG a la agencia Reuters.
"No hay una declaración específica en la notificación de que la pesquisa los investigará, pero los fiscales tienen la obligación de investigar el elemento de contexto (...) para ver si existía una política de Estado para las esterilizaciones forzadas, que involucrara a los entonces responsables en el Gobierno, que sería el presidente y el Ministerio de Salud", ha dicho Mónica Arango, abogada y directora del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.
En el año 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Perú que investigara y castigara a los responsables de la muerte de María Mamerita Mestanza, una mujer de 33 años, que según activistas fue coaccionada a realizarse la cirugía de esterilización que le causó la muerte en 1996.
"El fiscal Burgos debe hacer responsables a los funcionarios peruanos y asegurar una minuciosa investigación criminal para reparar estas injusticias para que las mujeres y familias como la familia Mestanza obtengan la compensación que merecen", ha sentenciado Arango, a través de un comunicado.
