ROMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS/Gloria Moreno) -
El presidente de la Republica Italiana, Giorgio Napolitano, promulgó este miércoles la polémica ley sobre seguridad que fue aprobada por el Parlamento el pasado 2 de julio y que convierte la inmigración clandestina en delito.
Napolitano decidió promulgarla porque se dijo incapaz de suspender la entrada en vigor de una norma que ha contado con un amplio consenso en el Parlamento italiano. Aun con todo, manifestó su "perplejidad y preocupación" ante algunos elementos, que no serían coherentes con los "principios generales del ordenamiento" jurídico italiano.
Por esta razón, el presidente de la República mandó una carta al primer ministro, Silvio Berlusconi, para llamarle la atención sobre las problemáticas que entraña esta ley. También recibieron la misiva los ministros de Justicia, Angelino Alfano, e Interior, Roberto Maroni, que han sido los máximos promotores de la norma, y los presidentes de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, y del Senado, Renato Schifani.
Además de convertir la inmigración clandestina en delito, la nueva ley legaliza las rondas de ciudadanos para que vigilen las calles por la noche. Ambas medidas han generado un intenso debate en Italia, donde numerosos sectores, empezando por los partidos de la oposición, aseguran que es anticonstitucional.
El decreto ley fue aprobado con los votos favorables del Pueblo de la Libertad (PDL), el partido que dirige Silvio Berlusconi, y sus aliados, Liga Norte y Movimiento para las Autonomías (MpA). En contra, en cambio, votaron los parlamentarios del Partido Demócrata (PD), Italia de los Valores (IdV) y la Unión de Demócratas Cristianos y Demócratas de Centro (UDC).
A partir de ahora, todos los inmigrantes que se hallen en territorio italiano sin los papeles en regla deberán pagar una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Asimismo, se penará con la cárcel a quienes alojen o alquilen habitaciones a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular.
El líder de uno de los partidos más beligerantes de la oposición, la Italia de los Valores (IDV), Antonio Di Pietro, criticó la decisión de promulgar la ley tomada por Napolitano. Sus lamentos sobre la posible inconstitucionalidad de la norma son sólo "gritos al viento", ya que lo que tendría que ha ver hecho es no promulgarla, aseveró.