BANGUI, 30 May. (Reuters/EP) -
República Centroafricana ha aprobado una ley para crear un tribunal especial para investigar los crímenes de guerra y contra la Humanidad que se habrían cometido en más de una década de conflicto religioso y étnico en el país, según ha informado un parlamentario centroafricano.
Cientos de personas han muerto por la violencia de los últimos años en República Centroafricana y varios centenares de personas han sufrido violaciones y torturas pero los autores de estos crímenes no son procesados por sus acciones, según denuncian los activistas defensores de los Derechos Humanos.
"Con esta ley, nosotros podremos contar con un sistema de justicia que ponga fin a los conflictos, los asesinatos y las masacres", ha afirmado el diputado centroafricano Ernest Mezedio, en declaraciones a Reuters.
"Los verdugos que pasean libremente deberían saber que la hora de la justicia ha llegado", ha afirmado el parlamentario. El Parlamento aprobó la ley para juzgar los crímenes de guerra de los últimos años en una sesión que concluyó a última hora del martes.
La representación de Naciones Unidas en República Centroafricana aseguró el lunes que el nuevo tribunal, que estará integrado por jueces internacionales y centroafricanos, comenzará sus indagaciones la próxima semana.
Los activistas defensores de los Derechos Humanos sostienen que la creación de la corte es la mayor esperanza para poder poner fin a la impunidad de los últimos años, si bien han reconocido que su capacidad se verá limitada por el hecho de que hay zonas del país que se escapan al control del Gobierno.
República Centroafricana ha sufrido una serie de crisis políticas violentas desde que en 2003 el general François Bozizé dio un golpe de Estado para hacerse con el poder. La violencia volvió a imponerse en el país cuando los rebeldes del grupo Séléka desalojaron del poder a Bozizé, provocando las represalias de las milicias antibalaka.
En 2017, un informe de Naciones Unidas denunció una serie de asesinatos, violaciones, mutilaciones, saqueos y torturas cometidos por los sucesivos gobiernos y los grupos armados en el periodo que va de 2003 a 2015 y aseguró que podrían constituir crímenes de guerra.
