Cuarenta activistas se reúnen en el Juzgado de Plaza de Castilla, entre ellos dos cooperantes españoles de la 'Flotilla de la libertad'
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha absuelto de una falta de desórdenes públicos a los nueve activistas pro Palestina que se encadenaron a las puertas del Teatro Circo Price el pasado junio para boicotear un acto al que estaban invitados varios empresarios israelíes. Minutos antes del inicio del juicio, cerca de cuarenta activistas se han concentrado a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla para mostrar su apoyo a los imputados.
Durante el juicio celebrado este lunes por estos hechos, el Ministerio Fiscal ha solicitado la absolución por "falta de pruebas" de los manifestantes al considerar que no existe "ningún dato" que permita deducir que participaron en una reunión "ilegal" ni que la concentración hubiera sido expresamente prohibida por la Delegación de Gobierno.
Pese a haber presentado inicialmente escrito de acusación contra los activistas, el fiscal ha estimado que todo consistió en un acto vinculado a la libertad de expresión y se ha hecho eco de los testimonios de los nueve procesados, que han ratificado que las protestas no impidieron el acceso de los intervinientes en la conferencia 'Financing Innovation: The Israel experience', organizada por la Red Innova.
Los hechos por los que se les juzga se remontan al pasado 14 de junio cuando medio centenar de activistas se concentraron frente a las instalaciones del teatro y algunos de ellos se encadenaron a las tres puertas de acceso principales. Entre gritos de 'Asesinos' y 'Manchais vuestros negocios con sangre palestina' y portando varias pancartas contra la política israelí en la Franja de Gaza, los activistas fueron desalojados e identificados después de que bomberos y agentes de la Policía Nacional cortaran las cadenas.
La vista oral ha arrancado con la advertencia del juez manifestando que no consentiría "ninguna alteración del orden público" y ha proseguido sin ningún tipo de incidencia. El agente de la Policía Nacional que instruyó las diligencias ha explicado que varios efectivos acudieron a la puerta del Teatro, en Ronda de Valencia, tras recibir el aviso de que un grupo de "radicales" trataba de sabotear el acto.
En cualquier caso, el agente ha enmarcado la protesta en otras anteriores que se sucedieron días antes en el campus universitario de Cantoblanco, unos actos que, según ha mantenido, no fueron violentos. Dicho esto, ha precisado que las empresas participantes en el encuentro de la Red Innova no quisieron interponer ninguna denuncia contra los manifestantes.
Por su parte, los acusados han declarado que tan sólo bloquearon tres de las puertas principales del edificio, dejando otras tantas libres para garantizar en todo momento el acceso a la conferencia. Según han explicado, se trató de un "acto simbólico" y "pacífico" de treinta minutos de duración en el que corearon varias consignas pero no impidieron la entrada de ningún participante.
CUARENTA ACTIVISTAS PIDEN EL BOICOT A ISRAEL
Media hora antes de dar comienzo el juicio, cerca de cuarenta personas se concentraron a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla defendiendo que la acción del Circo Price fue "justa" y "necesaria" para denunciar la "connivencia" de las autoridades y empresas españolas con quienes son "responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos" sobre el pueblo palestino.
Los manifestantes, ataviados con pañuelos palestinos y pegatinas por el 'Boikot a Israel', han desplegado una pancarta en la que podía leerse 'Israel asesina impunemente. Boikot activo'. "Sabemos que lo que hicimos era legítimo. Ningún proceso judicial, ninguna condena podrá convencernos de lo contrario, que nos condena a la impasividad, a la apatía y a ala ausencia de solidaridad", han leído en un comunicado.
Han recordado que la protesta del Circo Price tuvo lugar días después del asalto de Israel a la 'Flotilla de la libertad' y han reclamado el "boicot institucional, académico, comercial, cultural y deportivo" del Gobierno español al Ejecutivo israelí. "Después de años de ofensivas sobre Gaza, asedios sobre la población civil, torturas legalizadas y levantamientos de muros apartheid hace falta no tener sangre en las venas para no movilizarse", han subrayado.
Dos de los imputados han asegurado que su enjuiciamiento no evitará nuevas acciones de protesta. De hecho, el movimiento ha programado jornadas informativas para el próximo mes en Madrid en solidaridad con el pueblo palestino y reivindicando el "boicot activo" a Israel.
El pasado 8 de octubre, una veintena de activistas entregó 117 autoinculpaciones en el juzgado de Plaza de Castilla asegurando haber participado en el boicot a empresarios israelíes. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 no tramitará los escritos de autoinculpación al no prever la legislación esta forma para incoar diligencias.
NUEVA FLOTILLA HUMANITARIA EN PRIMAVERA
Manuel Tapial y Laura Areu, dos de los tres cooperantes españoles que se embarcaron en la 'Flotilla de la Libertad' a principios de junio, han querido mostrar su apoyo a los activistas imputados. En declaraciones a Europa Press, Tapial ha expresado su solidaridad a sus "compañeros" y ha adelantado que una nueva flotilla con "el doble" de barcos --dos procedentes de España-- pretende salir la próxima primavera con ayuda humanitaria a Gaza.
"Es del todo inmoral que se les tenga que ver sentados en un tribunal mientras hay criminales de guerra que están sueltos y nuestro Gobierno mantiene relaciones con ellos", ha afirmado Tapial, quien, junto con Laura Arau, ha asegurado que repetirán no sólo por "dignidad" sino también por "solidaridad con los muertos" y que, en su nueva aventura, cuentan con el respaldo de toda su familia.
La 'Flotilla de la Libertad' pretendía burlar el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria pero su periplo concluyó dramáticamente el 31 de mayo cuando el Ejército israelí asaltó el principal buque del convoy causando la muerte de nueve personas. La ofensiva despertó la condena unánime de la comunidad internacional al considerar, en su mayor parte, "desproporcionado" el uso de la fuerza.
