MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo investigará si en la próxima demolición del Taller de Precisión de Artillería, en Chamberí, pudiera existir infracción penal por un delito de prevaricación urbanística.
Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el Ministerio Público informa a los denunciantes de la apertura de diligencias informativas para indagar sobre este asunto ante la posible comisión de un delito de prevaricación urbanística.
Asimismo, comunica que no puede proceder a la adopción de medidas catutelares, dado que no es competente para ello. Tras ello, insta a que si se quiere este extremo se presente una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.
Por su parte, asociaciones vecinales, de defensa del patrimonio y ecologistas han solicitado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a los concejales de Ahora Madrid la paralización de la tramitación de la licencia de derribo.
El Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería (TPyCEA o TPA) es un edificio de estilo neomudéjar, fundado en 1898 y que alberga un jardín centenario. Se sitúa en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el distrito de Chamberí.
En noviembre de 2015, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) que permite, en un ámbito de suelo de 14.569 metros cuadrados, construir 54.225 metros cuadrados con destino residencial (355 viviendas), para lo cual es necesario demoler el edificio del TPA y eliminar el jardín.
Las asociaciones Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Ecologistas en Acción, Corazón Verde de Chamberí, El Organillo de Chamberí, Parque Sí en Chamberí y la Plataforma Salvemos el TPA han recopilado numerosa documentación que acredita que "el TPA ha gozado de protección desde su inclusión en el Precatálogo de 1977 y después en el Plan Especial de la Villa de Madrid de 1980 y en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de 1985".
En el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, actualmente vigente, aparece en el Catálogo de Elementos Protegidos, pero el nivel de protección (estructural, parcial, ambiental, etc) debía concretarse en el momento de aprobase el correspondiente Plan Parcial. Es lo que se conoce como catalogación remitida.
Sin embargo, Según ha explicado Ecologistas, a lo largo de toda la tramitación del PPRI se obvió "sistemáticamente la catalogación del TPA, cometiendo una gravísima irregularidad".
"Una correcta tramitación debería haberse pronunciado sobre la condición de catalogación remitida, resolviendo qué elementos y en qué grados debían ser merecedores de protección", ha señalado.
Por este motivo el PPRI cuenta con dos recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), uno por Ecologistas en Acción y otro por un particular. Por tanto, podría ser declarado nulo.
A pesar de esta situación, el pasado 1 de julio se dio un paso decisivo para permitir la demolición del TPA. La Comisión de Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CPPHAN) dependiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, informó favorablemente la solicitud de licencia de demolición de los promotores. Todo ello a pesar de conocer los defectos de tramitación indicados.
En este contexto, el 5 de julio, un particular denunció la próxima demolición ante la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo por un presunto delito de prevaricación urbanística. Ahora la Fiscalía ha incoado diligencias previas en las que va "a efectuar un examen preliminar para determinar si los hechos son constitutivos de infracción penal y, en su caso, determinar la identidad de las personas físicas o jurídicas responsables de los mismos".
