La Asociación de Promotores Públicos respaldan la "flexibilidad" y las novedades del Plan de Vivienda Regional
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, solicitó hoy a los promotores públicos de vivienda y suelo que, si sacan adelante sus promociones con el Plan de Vivienda Estatal, lo evalúen y cuestionen porque "limita seriamente la propiedad de los ciudadanos" y esos pisos protegidos "nunca podrán desclasificarse".
Durante la inauguración en Madrid de la nueva sede de la Asociación de Promotores Públicos de la Vivienda y Suelo (AVS), Mariño planteó a sus representantes que se cuestionen, a la hora de desarrollar las viviendas en sus municipios, si se dirigen al Plan de Vivienda del Estado o hacia el de la Comunidad de Madrid, porque esa decisión va a afectar "al futuro de muchos ciudadanos".
"Debéis tener en cuenta que todas las viviendas que hagáis en suelos protegidos, es decir en el 50 por ciento de nuestros suelos, y sobre ellos se haga vivienda protegida, tened la certeza y avisad a vuestros vecinos, para que no haya ningún tipo de dudas que nunca podrán liberarlas, que todas las inversiones que hagan no van a poder recuperarlas porque no se van a poder descalificar nunca", dijo.
Además, señaló que el Plan de Vivienda estatal establece que esas viviendas protegidas no se van a poder vender a ningún ciudadano, "sólo a aquellos que estén en un lista y un registro".
"Como miembro de un partido político y además de un Gobierno al que han votado los ciudadanos, tengo que decir que eso hay que avisárselo a la gente, que nosotros no podemos ponerle pegas a que los ciudadanos elijan esa tipología de acceder a la vivienda, pero que sepáis que ese tipo de viviendas no van a poder ser nunca liberadas de la descalificación y no le van a poder a quien ellos quieran, sino a los que estén en un lista y además no se lo van a poder dejar a sus hijos en herencia si no cumplen los requisitos para estar en ese registro único", argumentó la consejera.
Por todo ello, pidió a los promotores públicos de vivienda y suelo que "tengan cuidado", que avisen a los ciudadanos que eso es así para que "libremente pueden elegir".
Así, el portavoz de la Asociación de Promotores Públicos de la Vivienda y Suelo mostró hoy su "total apoyo" a la Comunidad de Madrid en cuanto al desarrollo de su plan de vivienda y las novedades que va a introducir y su flexibilidad "que va a ser muy positiva para todos los promotores y sobre todo para los públicos especialmente".
RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
La Comunidad de Madrid ha presentado al Gobierno central recurso al Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el periodo 2009-2012 al entender que "se invaden las competencias propias" del Gobierno regional en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.
Esta decisión, autorizada por el Consejo de Gobierno de Gobierno, se produce tras analizar el citado Real Decreto (2066/2008, de 12 de diciembre) y concluir que, a través de este texto, el Gobierno central se "extralimita" en sus competencias, limita la política de vivienda regional e impone obligaciones a las Comunidades Autónomas.
En concreto, el Gobierno regional indicó que en su artículo 6, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 establece que el periodo de protección de viviendas será permanente en el caso de que estos pisos se construyan en suelos destinados por ley a vivienda protegida y no inferior a 30 años sobre suelo libres, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda.
Así, la Comunidad estima que esta circunstancia convierte el derecho a la propiedad en una especie de derecho de uso y disfrute, lo que implica que los adjudicatarios de vivienda protegida "nunca serán propietarios plenos de sus pisos sino meros usuarios que, además, deberán hacer frente al esfuerzo que implica un crédito bancario".
A juicio del Gobierno regional, esta situación introduce "inestabilidad y desconfianza" entre las familias. Por ello, considera que los instrumentos eficaces para el control del fraude en la vivienda protegida hunden sus raíces en la colaboración institucional de los Registros de la Propiedad y Notariado, la Administración Tributaria o el tanteo y retracto legales, mecanismos de control de las transacciones.
Por su parte, el artículo 3.1.b. del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 exige al Gobierno regional la creación de un registro público de demandantes de vivienda protegida, "una medida que no sólo es ineficaz como base única para la adjudicación de viviendas protegidas sino que no tiene en cuenta el coste que ocasionará la creación de esta estructura burocrática".
"El Real Decreto ministerial no aclara el sistema de adjudicación de las viviendas, es decir, no determina si será por sorteo, por orden de espera en el registro de demandantes o por un modelo de baremación", indicaron las mismas fuentes.
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