MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en Justicia en la Asamblea de Madrid, Javier Gómez, reclamó hoy al consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, que deje de insultar a los abogados del turno de oficio y cumpla lo acordado con el sector.
"Además de incumplir lo acordado con los abogados del turno de oficio ahora se dedica a insultarlos. El Gobierno regional tiene que garantizar este derecho jurídico", afirmó Gómez tras las declaraciones de Granados ayer, en las que hablaba de "abusos" por parte de los trabajadores del turno de oficio, que reclaman 20 millones de euros a la Comunidad de Madrid.
"Ya señalamos que el problema persistiría si Granados no cambiaba su actitud porque con el presupuesto de 2009 liquidó la deuda de 2008 sin habilitar más presupuesto para abordar el pago de la asistencia jurídica gratuita este año", indicó el portavoz en referencia a las posibles nuevas movilizaciones en el sector.
De momento, los socialistas madrileños han solicitado la comparecencia del consejero en la Comisión de Justicia para que "garantice unas condiciones de cobro adecuadas a los abogados de oficio", ya que "la Comunidad de Madrid tiene la obligación de garantizar la asistencia jurídica gratuita a los madrileños que carezcan de recursos para poder defender sus derechos ante la justicia". "Pero el consejero prefiere, en vez de solucionar el problema, dedicarse a insultar a los abogados que prestan el servicio", añadió.
Asimismo, el diputado regional reprochó al Gobierno autonómico que "suscriba un acuerdo con los abogados del Turno de Oficio para después incumplirlo".
"La excusa del incremento de usuarios de la asistencia jurídica gratuita no es más que una estratagema de la Consejería para ocultar que con el presupuesto de este año han pagado la deuda del anterior y no queda presupuesto para hacer frente al gasto de los cuatro trimestres de este año", consideró y destacó que según los datos publicados "los casos tramitados en el primer trimestre de 2009, unos 48.000, son proporcionales a los del mismo periodo de 2008, año en el que se tramitaron en los 12 meses 193.531 expedientes".
PARÁLISIS ABSOLUTA
El diputado regional indicó que desde la "crisis" de Gobierno de junio de 2008, la Consejería de Justicia ha entrado en "estado comatoso y es incapaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante".
"No se ha dado respuesta a las innumerables demandas que realiza año a año la memoria de actividades del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)", indicó el diputado que apuntó que "se demandan salas de vistas, el incremento de la plantilla de los registros civiles, funcionarios cualificados como psicólogos, educadores y asistentes sociales o dotar a los juzgados de un sistema informático adecuado y moderno integrado en un sistema de red".
Además, se refirió al "negativo balance" de la Consejería en la construcción de las nuevas sedes judiciales. "De las diez que había comprometido Aguirre en su programa electoral para la presente legislatura, no habrá más de tres funcionando en 2011", criticó y señaló que "la lentitud es la nota dominante en este tipo de infraestructuras".
"El Palacio de Justicia de Navalcarnero debería haber entrado en funcionamiento en el mes de febrero del pasado año y, a día de hoy las obras siguen paralizadas. El de San Lorenzo del Escorial, que también está paralizado se incluyó en los presupuestos por primera vez en 2003", afirmó el diputado.
Gómez señaló que "una situación similar se encuentra la promesa estrella de Esperanza Aguirre: el Campus de la Justicia, en el que se han paralizado proyectos ya adjudicados, como son el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Audiencia provincial". "El Campus de la Justicia de Madrid solventaría cerca de la mitad de los problemas que conforman el colapso de la Justicia", indicó.
Finalmente, exigió a Aguirre que impulse nuevamente el proyecto Campus de la Justicia y dijo que "de no hacerlo, al menos debería impulsar un Plan de transición que acabe con la dispersión judicial en la ciudad de Madrid que solventaría el 25 por ciento de los problemas que contribuyen al colapso en nuestra región".
"VERGÜENZA AJENA"
Por su parte, desde el PSM-PSOE señalaron que "desde hace meses, los letrados del turno de oficio están padeciendo una asfixia económica por los impagos de la Comunidad de Madrid al Colegio de Abogados".
"Las declaraciones de Granados nos dan vergüenza ajena, sobre todo, en un contexto de crisis económica que afecta con mayor intensidad en los sectores más vulnerables socialmente", destacaron desde el PSM. "El único abuso es el que comete Granados por no pagar un servicio público reconocido en el artículo 119 de la Constitución y que afecta a derechos fundamentales como es la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución", indicaron.
Así, recordaron que en el mes de marzo el secretario general del PSM, Tomás Gómez, "ya exigió el pago de las cantidades de los dos últimos trimestres de 2008 y la ejecución del pago de los honorarios de 2009 de forma puntal, coincidiendo con los letrados en la necesidad de garantizar la independencia y la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita a través del ICAM, ante cualquier intento de la Consejería de privatizar el mismo".
"Sin embargo, Granados, que se comprometió a cumplir puntualmente con sus obligaciones económicas, no sólo ha faltado a sus promesas y obligaciones como consejero, sino que miente al considerar un abuso la utilización del turno y trasladar la responsabilidad de su falta de previsión e ineficacia a los ciudadanos más afectados por la crisis, a los sectores de la población más vulnerables y a los cambios legislativos", destacaron.
En opinión de los socialistas madrileños, "la única realidad es que no se presupuestó correctamente el coste del servicio en 2008" y que "en 2009 no se ha corregido la insuficiencia económica dando cobertura a las necesidades de los ciudadanos y a las nuevas situaciones derivadas de la situación de crisis, que trae como consecuencia que muchos ciudadanos lo estén pasando mal económicamente y ante un problema jurídico tengan que acudir a la solicitud de la asistencia jurídica gratuita".
"Es frívolo e irresponsable que Granados se queje de tener que atender, a través del turno de oficio, la asistencia jurídica de estos sectores que no es otra que la de garantizar en condiciones de igualdad y de manera efectiva un derecho reconocido en la Constitución y que no se ejerce por capricho, sino ante situaciones de necesidad", consideraron y calificaron de "muy grave" las declaraciones del consejero indicando que "los profesionales liberales letrados del turno de oficio han decidido convertirse en funcionarios sin oposición y vivir del turno de oficio".
En su opinión, "nadie con sensibilidad social y medianamente sensato puede pensar que los ciudadanos se involucran en procesos judiciales y solicitan asistencia jurídica por entretenimiento y que los abogados del turno lo fomentan para vivir del presupuesto público".
Así, consideraron que las palabras de Granados suponen una "falta de respeto hacia el Colegio de Abogados y hacia la profesionalidad de los trabajadores que realizan un servicio público, un intento de desprestigio y una justificación de la privatización del turno oficio con la que se perdería la calidad y la independencia como criterios que rigen la asistencia jurídica gratuita, a cambio de otros criterios de carácter económico y negocial, en los que por supuesto, no prima la garantía del servicio, ni las necesidades reales de los ciudadanos, sino intereses de otra índole".
Además, quisieron saber si Granados está coordinado con el consejero de Cooperación e Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, para hablar de la asistencia jurídica a los inmigrantes.
