MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT denunció hoy que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y sus criterios de contabilidad de pacientes en lista de espera quirúrgica (LEQ), castiga con esperas de entre 3 y 6 meses a quienes desde su libertad para elegir hospital, manifiestan preferencia por los centros públicos.
"El fervor que muestra en sus declaraciones el consejero de Sanidad por la libertad en la elección de médico y la creación del área única sanitaria en Madrid se contradice con el castigo que sufren 18.611 madrileños por eligen operarse en un hospital público", señala UGT Madrid en un comunicado, en el que considera que esta contradicción pone en tela de juicio los argumentos de Güemes.
De acuerdo con el último Barómetro Sanitario, la sanidad es el área de mayor interés para los ciudadanos. El 66,7 por 100 de los madrileños opina que las listas de espera siguen igual o han empeorado, frente a un 16,6 por 100 que opina que han mejorado.
Por otro lado, en la Comunidad de Madrid un 66,8 por 100 de los ciudadanos prefiere un centro público frente a un 17,6 por 100 que elegiría un centro privado, con lo que Madrid es la segunda Comunidad Autónoma, después de Navarra con un 67,3 por 100, que opta mayoritariamente por la sanidad pública.
En opinión de UGT Madrid, estos datos concuerdan con la evolución del grupo de población en lista de espera quirúrgica (LEQ) que manifiesta su preferencia por un centro público y rechaza la oferta de la Consejería de Sanidad de operarse en uno privado, y que han pasado de 3.984 en 2004, a 12.063 en 2006; 15.724 en 2008; y finalmente 18.611 en 2009, creciendo más de un 400 por 100 en este periodo. En definitiva, Güemes aplica un castigo a los ciudadanos cuya preferencia es contraria a la política privatizadora del Gobierno que preside Esperanza Aguirre.
UGT-Madrid afirma que ocurrirá lo mismo con la aplicación de la Ley de libertad de elección y área de salud única; es decir, aquellos ciudadanos que, en virtud de su libertad, elijan medico de familia, pediatra o profesional de enfermería, en atención primaria o especialista y hospital, en atención especializada, serán penalizados con esperas angustiosas e interminables, cuya responsabilidad no será del Gobierno Esperanza Aguirre, puesto que la dilatación de los tiempos de espera tienen causa en el ejercicio del derecho a elegir y no en la planificación o gestión de la Consejería de Sanidad, quedando esquivada así toda responsabilidad política sobre tiempos de espera sanitaria.
