El Esquema Nacional de Interoperabilidad pone en riesgo "legítimo" la protección de datos personales, según la Agencia Tributaria
MURCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La subdirectora del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Elena Roldán, destacó que el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que habilita que las administraciones públicas puedan comunicarse electrónicamente y con los administrados, y facilitarse entre sí la información de forma telemática, contribuirá "en la lucha contra el fraude fiscal".
Un Real Decreto regula este Esquema, previsto en la Ley de Acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, que reconoce el derecho de los administrados a no aportar documentos que ya obren en manos de la administración pública, lo que obliga a las administraciones a compartir y reclamarse entre sí esta información, y prevé que esa reclamación se realice por medios electrónicos.
La subdirectora del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria hizo estas declaraciones a Europa Press antes de pronunciar una charla sobre la protección de datos personales en la e-administración, en el marco del X Foro Anual de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia (Sicarm 2010) que tiene lugar en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.
Roldán explicó que la aplicación de esta nueva normativa "afecta igual a la Administración Tributaria que al resto de las administraciones públicas". No obstante, precisó que la Agencia Tributaria "posee un gran flujo de información, puesto que se nutre muchísimo de la información de distintos operadores tanto privados como de otras administraciones públicas".
En este sentido, manifestó que el Esquema Nacional de Interoperabilidad "facilitará todavía más ese flujo de información y, por tanto, las posibilidades de actuación de la Agencia Tributaria". Y es que "cuanta más información tiene la Administración Tributaria, más aumentan las posibilidades de persecución del fraude", aclaró.
Roldán explicó que es "muy difícil" determinar el fraude que podría detectar la aplicación de este Esquema, porque la Agencia Tributaria "ya tiene un flujo de información muy importante con las administraciones públicas".
Sin embargo, explicó que la normativa "puede ayudar a los administrados que no sean ellos los que estén obligados a aportar información que exige la Administración Tributaria, sobre todo, en aquellos supuestos en que otras administraciones exigen un certificado de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias".
De hecho, destacó que la norma "prevé la posibilidad de que la administración pueda requerir o establecerse por norma un suministro de información tributaria, siempre que esa información tenga trascendencia tributaria, es decir, que permita a la administración aplicar el sistema tributario tanto en su parte de facilitar el cumplimiento de las obligaciones como detectar el fraude tributario".
La subdirectora aclaró que la Agencia Tributaria "sólo puede acceder a aquella documentación que pueda tener trascendencia tributaria", aunque reconoció que "es cierto que es un concepto amplísimo porque prácticamente todo lo que hacemos en la vida puede tener una repercusión económica y una posible repercusión fiscal y tributaria".
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En su intervención, Roldán explicó la influencia del Esquema Nacional de Interoperabilidad en la eficacia y de la gestión de la administración electrónica, en particular, su relación con la protección de datos personales de cada ciudadano.
La subdirectora reconoció que, en realidad, el Esquema "pone en mayor riesgo la protección de datos en la medida en que permite un mayor flujo de información entre las administraciones públicas y con los ciudadanos", pero matizó que se trata de un riesgo "legítimo" porque tiene la finalidad de "facilitar la implantación de la administración electrónica que, de otra forma, sería imposible".
En cualquier caso, hizo hincapié en que la protección de datos personales "supone una limitación para el Esquema Nacional de Interoperabilidad que, en todo caso, debe respetar la normativa de protección de datos".
Para ello, este Esquema "establece una serie de criterios que se están desarrollando, como que, en todo caso, se exigirá el consentimiento del interesado o una norma con rango de ley que dispense de la exigencia de este consentimiento, con lo que integra la normativa en materia de protección de datos".
El otro "riesgo" derivado de la aplicación del Esquema en relación con la protección de datos es que "el ciudadano puede cancelar o rectificar datos que están en posesión de una administración, lo que debe tener un efecto reflejo en aquellas administraciones que hayan sido cesionarias de los datos".
"Es decir, si una administración pública tiene unos datos que el administrado puede rectificar o cancelar, y lo hace, tiene derecho a que esa administración a su vez, comunique la rectificación o cancelación a las administraciones públicas a las que ha cedido sus datos", destacó Roldán.
Estos mecanismos "son los mismos que la propia normativa de protección de datos prevé para garantizar esa protección de datos frente al flujo cada vez mayor de la información".
