Se le imputa fraude, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en custodia de documentos y falsedad en documento público
MURCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El que fuera alcalde de Totana hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales de 2011, José Martínez Andreo, se sentará en el banquillo, junto a cinco acusados más, para ser enjuiciado por una pieza del caso 'Tótem', de corrupción urbanística y que saltó a la luz pública en 2007, por el que se enfrenta a 10 años de cárcel.
El juicio arrancará este lunes, día 4, a las 10.00 horas, y durante dos semanas, de lunes a jueves en sesiones previsiblemente de mañanas, Martínez Andreo y cinco personas más serán enjuiciadas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. Un séptimo imputado, el que fuera concejal de Industria con Andreo de alcalde, no declarará al fallecer hace unos meses.
Los cinco acusados restantes son el empresario Pedro José Martínez, que ostentaba la representación legal de la empresa 'Ucom 2005 S.L.', que firmaría con el Ayuntamiento un convenio urbanístico para la construcción de infraestructuras municipales, haciéndose cargo los promotores del pago del coste de las mismas, entre las que se decide incluir las obras de un colegio.
La entonces secretaria municipal, Laura Bastida, también será juzgada a partir de este lunes, ya que en común acuerdo con Martínez Andreo redactaron un documento "a sabiendas de que faltaban a la verdad y que denominaron Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Ucom para la realización de unas obras de ampliación del colegio San José".
Bastida asesoró en su redacción, según el escrito del fiscal, "plasmando en el mismo la tesis de la gratuidad de las obras, inventándose que el objeto del mismo era regular la donación gratuita de la mercantil Ucom al ayuntamiento para la realización de las obras de dos aulas en el citado colegio". Todo ello debido a que el PSOE municipal presentó una denuncia en los juzgados denunciando estos hechos, ya que la solicitud que hicieron para la creación de una comisión de investigación de las citadas obras en el colegio fue desestimada por la Junta de Gobierno Local.
El empresario Pedro Sánchez es otro de los acusados, implicado en el proceso, que fue quien firmó un primer precontrato en noviembre de 2002 con Proinvitosa, ya que tenía interés en instalar un centro logístico del transporte"; además del gerente de Ucom, José Bonmatí; y el entonces oficial de la Policía Local, Alfonso Canales.
Martínez Andreo renunció a ser candidato del PP a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales y permaneció en prisión dos meses desde que fuera detenido a finales de noviembre de 2007 por su imputación en dicho caso.
El Ministerio Fiscal, que ya ha redactado su escrito de conclusiones provisionales, solicita para Martínez Andreo penas que, en su conjunto, suman diez años de cárcel por varios delitos: el de fraude, por el que se piden dos años de cárcel; omisión del deber de perseguir delitos (un año y seis meses); infidelidad en la custodia de documentos (dos años y seis meses) y falsedad en documento público (cuatro años).
LOS DELITOS
El supuesto delito de fraude está relacionado, según las fuentes, con el tema de Proinvitosa. Al parecer, "estaban ideando, de alguna forma, el poder autorizar la venta de unos terrenos de Proinvitosa que se podrían haber recuperado a su precio original y mucho más económicos".
Precisamente, señalan las fuentes, "la plusvalía que se iba a generar con la operación de venta de los actuales dueños a los terceros se la podría haber ganado el Ayuntamiento y decidieron no hacerlo así".
Por este delito de fraude están acusados el ex alcalde y el ex concejal de Industria que falleció, además de tres personas, entre ellos un constructor implicado en otro delito de esta pieza de 'Tótem'. Para cada uno de ellos se piden dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público por ocho años.
También se le imputa, tanto al ex alcalde como el que fuera jefe de la Policía Local, un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que se solicitan dos años y seis meses de cárcel, con una multa de 18 meses de cuota diaria de 12 euros, e inhabilitación especial durante cuatro años para cada uno de ellos.
Según las fuentes, "el ex alcalde por indicación al que fuera jefe de la Policía Local se llevaron del juzgado el atestado de alcoholemia y se lo guardaron en su caja de seguridad el entonces jede de la Policía Local". Además de un año y seis meses de cárcel y costas para cada uno por la omisión del deber de perseguir delitos.
Finalmente, por la construcción del colegio San José "supuestamente se falsificó un documento para tratar de justificar una supuesta adjudicación previa y a dedo de dicho contrato, inventándose un documento que presentaron en el Juzgado de Totana".
Se le imputa, por tanto, falsedad en documento público al ex alcalde, a la entonces secretaria municipal y a la otra parte firmante del documento --un constructor--. Para el ex regidor totanero y la ex secretaria se piden cuatro años de cárcel e inhabilitación especial durante cuatro años, con una multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios. Para el constructor, dos años de prisión y una multa de nueve meses con 12 euros diarios.
Fue a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana. El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio y ex diputado primero del PP y tras expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto, Juan Morales, que por su condición de aforado no fue detenido y que actualmente permanece en prisión tras celebrarse el juicio.
