Piden a Becerril que "no sea un dique de contención" de las demandas sociales y recogen 100.000 firmas contra las tasas de Gallardón
MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española junto al Consejo de Consumidores y Usuarios y a los sindicatos representativos del sector, han presentado este martes ante la Defensora del Pueblo una solicitud formal para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales.
Los representantes de la plataforma, constituida el pasado diciembre para hacer público su rechazo a las tasas, han acudido a la sede de la institución dirigida por Soledad Becerril para reclamar su intervención contra una ley que, a su juicio, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución.
Según el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), la norma también conculca los artículos 14 y 51 de la Carta Magna, que recogen la igualdad de todos los españoles ante la ley y la protección de los consumidores y usuarios.
La Defensora del Pueblo ha trasladado a las organizaciones que estudiará este asunto antes del 20 de febrero, cuando vence el plazo para presentar un posible recurso ante el Alto Tribunal. Sus interlocutores le remitirán más argumentos y casos concretos de ciudadanos que se han visto perjudicados por las nuevas tasas, según ha explicado el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer.
El portavoz de CSI-F, sindicato más representativo en el sector, Francisco Lama, ha informado de la recogida de cerca de 100.00 firmas contra las tasas que se harán llegar al Ministerio de Justicia. Los sindicatos han convocado una manifestación para el mediodía del sábado en Madrid en protesta por la gestión de Gallardón.
UNA JUSTICIA "DE CLASE" Y OTRA QUE "PENALIZA" AL RESTO
Desde el sindicato CC.OO., Rodolfo Benito ha destacado que el Defensor del Pueblo no puede ser "un dique de contención" ante las demandas de la sociedad y ha advertido de que la ley de tasas "afecta de manera directa a la mayoría de los ciudadanos y a los propios trabajadores" al añadir "un nuevo desequilibrio" a sus relaciones con la empresa.
Benito ha coincidido con la representante de UGT, Carmen López, en que el Ejecutivo ha diseñado una Justicia "de clase, para los más favorecidos" y otra que "penaliza" al resto.
"La Defensora del Pueblo tiene un deber y es defender al conjunto de los ciudadanos en un hecho muy grave como que el Gobierno de Mariano Rajoy por primera vez ha hecho dos Justicias: una para ricos y otra para pobres, para quienes no va a haber Justicia porque no van a tener acceso", ha afirmado López.
"La Justicia no se arregla bajo ningún concepto quitando derechos fundamentales como el del acceso a los tribunales, sino modernizándola y contando con los profesionales", ha recalcado la representante de UGT, para reprobar estos "injustos" gravámenes.
En opinión del representante del sindicato USO, Ramón Salaices, el "afán recaudatorio" de esta ley no puede justificar un obstáculo a la tutela judicial efectiva y al derecho de los ciudadanos a acceder a los tribunales.
El presidente de la comisión de Justicia del CCU, José Ramón Lozano, ha concluido que las tasas se ejecutarían si la empresa incumple el laudo arbitral, por lo que se estaría atacando el derecho del consumidor y no se respetaría el principio de gratuidad del arbitraje.
