AMPL.-Pumpido pide acabar con la acción popular cuando se convierte en "fiscalía paralela" de "intereses espúreos"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pidió hoy que la ley ponga fin a las acciones populares cuando se convierten en "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" en "querellas mediáticas" que trasladan a la Administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales".

Durante su intervención en un desayuno informativo de Entorno Empresarial patrocinado por Renfe y el Gobierno de Aragón, Conde-Pumpido defendió que es al Ministerio Fiscal al que la Constitución encomienda la defensa y la promoción del interés general ante los tribunales, y apuntó que no es "casualidad" que en la mayoría de los países del entorno "detente el monopolio del ejercicio de la acción penal".

"No puede ser que la justicia penal, ya indebidamente sobrecargada, gire alrededor de querellas mediáticas interpuestas por fiscalías paralelas, en asuntos que tienen que ver con intereses particulares, de contenido más político que jurídico, a veces revestido de una vaga intervención de lo colectivo", aseguró.

En su opinión, en la búsqueda de la mejora del Estado de Derecho "lo que no nos hace falta" son "las fiscalías paralelas, los profetas portadores de intereses espurios que ponen en jaque a la Justicia no para hacer valer el Derecho, sino para imponer en los tribunales lo que no pueden o no saben ganar en la propia sociedad o simplemente para cuestionar a las instituciones que sirven al imperio de la ley".

Conde-Pumpido insistió en que hay que "tratar de evitar" que se introduzcan en el proceso penal cuestiones "ajenas a lo que puede realmente resolver" a través de fórmulas que no existen en otros países y que "en realidad son grupos ideológicamente marcados que las trasladan".

Como ejemplo, citó el caso del periódico en euskera 'Egunkaria', cuyos directivos fueron absueltos esta semana por la Audiencia Nacional, y que "acaba de demostrar que continuar hasta el fin el proceso penal cuando el Ministerio Público, defensor de los intereses generales, no aprecia delito alguno que sancionar, sólo sirve para prolongar una indebida limitación de los derechos fundamentales de los acusados y para desviar el esfuerzo de los tribunales de otras causas más merecedoras de su atención".

"ESPERANZA" EN QUE NO SE JUZGUE A GARZÓN

Además, y en relación a las tres causas abiertas que hay en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, recordó que el Ministerio Público no ha apreciado delito en las actuaciones que se le cuestionan y aseguró que seguirá manteniendo esta posición con la "esperanza" de que el criterio del Ministerio Público "finalmente prospere".

En este sentido, aseguró que el Ministerio Público está "convencido" de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), en su artículo 782, establece, "como en su día lo dijo el Tribunal Supremo, aunque luego ha establecido matizaciones", que "no se puede abrir el juicio oral si no existe una acusación del Ministerio Público o de la parte perjudicada".

"Nosotros vamos a defender firmemente ante el Tribunal Supremo el criterio de que las acciones populares no están legitimadas para provocar la apertura de un juicio oral", insistió. No obstante, defendió que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo actúan "con independencia, con el propósito de aplicar la ley de absolutamente imparcial" y se mostró convencido de que "de manera inevitable se llegará a una decisión que sea la jurídicamente más correcta".

Asimismo, también situó dentro del grupo de los que utilizan "de manera indebida los cauces judiciales de la querella criminal" a las dos asociaciones de Memoria Histórica que han presentado una querella contra el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela por prevaricación por querer sentar en el banquillo a Garzón.

En opinión de Conde-Pumpido, este magistrado "ha tomado una decisión jurídica fundada" que ha sido confirmada por la Sala de lo Penal del Supremo, por lo que es "absurdo y temerario" dirigirse a esta misma Sala "para manifestar no ya una discrepancia, sino una calificación delictiva". "Es clara y manifiestamente una forma de desvirtuar los hechos", denunció.

LAS CRITICAS DE VILLAREJO

Preguntado por el movimiento de apoyo al juez Garzón y al acto organizado el pasado martes en la Universidad Complutense de Madrid, en el que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo arremetió duramente contra los magistrados del Supremo, el fiscal general reconoció que el proceso contra Garzón está provocando "un cierto debate social", pero consideró que las críticas al alto tribunal "han excedido notariamente lo razonable".

Aunque reconoció que "en una sociedad libre como la española la libertad de expresión es muy amplia", reclamó "respeto y consideración al máximo órgano judicial".

A juicio del máximo representante del Ministerio Público, para acabar con la imagen de politización de la Justicia bastaría con perseguir tres objetivos: exigir el respeto a las decisiones de los órganos jurisdiccionales, controlar la acción de las "fiscalías paralelas" y no utilizar a los tribunales para "ventilar las cuestiones que se deben resolver fuera".

Según Conde-Pumpido, además de acabar con que los "grupos minúsculos que no tienen representación política" obtengan una presencia a través de los tribunales, también sería importante que las organizaciones políticas "ejerciten sus funciones en el ámbito político pero no comparezcan como parte en los procedimientos criminales para ejercer a través de ellos acciones que cuando es necesario ya ejercita el órgano constitucional encargado para ello, que es el Ministerio Fiscal".

Asimismo, el fiscal general rechazó las acusaciones de que la institución que dirige esté influido por el Gobierno y aseguró que el Ministerio Público mantiene una "absoluta imparcialidad en todo tipo de procedimientos". En su opinión, quienes hablan de falta de independencia de la Fiscalía lo hacen desde "la ignorancia o la mala fe".