Da la posibilidad al Ministerio de Justicia a que pida al Tribunal Penal Internacional investigar a Netanyahu
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha archivado de forma definitiva la causa seguida contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros seis altos cargos de su Gobierno por ordenar a los militares del país atacar la denominada 'Flotilla de la Libertad', que provocó el 31 de mayo de 2010 la muerte de nueve personas de nacionalidad turca y heridas a otras 38.
El tribunal, presidido por Concepción Espejel, ha dictado un auto en el que desestima el recurso interpuesto por la asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría, personada como acusación popular, y ha confirmado la decisión del juez José de la Mata de sobreseer las actuaciones al considerar que la reforma de la justicia universal solo permite perseguir a los querellantes si se encuentran en suelo español.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha confirmado también la invitación del juez instructor al Ministerio de Justicia para que inicie los mecanismos contemplados en la Ley de Cooperación con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que este organismo inicie una investigación.
Después de que el tribunal haya decretado la firmeza del auto de archivo, la secretaria judicial ha cumplimentado las diligencias que fueron ordenadas el pasado junio por el juez instructor, que extendía a las víctimas la posibilidad de denunciar los hechos ante la Fiscalía del Tribunal con sede en La Haya, y pedía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que comuniquen la presencia en territorio español de los querellados si se produjera.
Este procedimiento fue abierto por el juez Pablo Ruz, a partir de una querella presentada por tres activistas españoles que viajaban en la Flotilla por delitos de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura y delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en un contexto de crímenes de guerra.
Además de contra Netanyahu, los activistas Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra pedían la imputación de los entonces ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
NO ES TERRORISMO
Los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y Enrique López confirman que, con la "restrictiva" reforma de la ley de justicia universal y la sentencia del Supremo que archivó la causa contra China por el genocidio en el Tíbet, no se puede actuar contra los cargos israelíes porque no existen los elementos de "conexión" con España contemplados en la norma, como es que los presuntos autores se encuentren en territorio español.
Además, descartan calificar los hechos como un delito de terrorismo, como proponían los recurrentes, porque "en absoluto" la información disponible permite afirmar que las Fuerzas de Defensa Israelitas (IDF) "estuvieran actuando situándose fuera del marco legal y constitucional de su país, transformándose en una organización criminal y, más precisamente, terrorista".
ATACADO EN AGUAS INTERNACIONALES
En junio de 2014 el antecesor de De la Mata, Pablo Ruz, consideró que el Tribunal Penal Internacional es el competente para investigar el ataque porque el barco 'Mavi Mármara', en el que se produjeron los hechos más graves, fue atacado en aguas internacionales y navegaba bajo bandera de las islas Comores, país que firmó el Estatuto que permitió la instauración de este tribunal. La 'Flotilla de la Libertad' también estaba formada por barcos de Kiribati, Turquía, Togo, Grecia, Estados Unidos y Camboya.
En respuesta a un requerimiento que Ruz hizo en julio de 2010, las autoridades israelíes apuntaron que habían puesto en marcha "una comisión pública independiente" denominada 'comisión Turkel', e instruido varios procedimientos de investigación "adicionales", uno de ellos ante el Tribunal Supremo, y un proceso de colaboración con el Comité/Panel de Investigación de Naciones Unidas. Turquía, por su parte, investigaba los hechos en el Juzgado de lo Penal número 7 de Estambul.
